Indolencia estatal

A raíz del asesinato del periodista Luis Carlos Cervantes en Tarazá, es necesaria una revisión del programa de protección a personas amenazadas que implementa la Unidad Nacional de Protección, UNP, porque a pesar de su eficacia histórica, en este caso evidenció fallas de diseño y de funcionamiento que deben corregirse de manera inmediata.

Cervantes contaba con un esquema de protección debido a las amenazas que había recibido por su oficio de periodista, relacionadas con denuncias de corrupción en el municipio de Tarazá y presencia de grupos ilegales en el Bajo Cauca antioqueño. Había trabajado como corresponsal de Tele Antioquia y hacía trabajos esporádicos para distintos medios locales. Se sabe que Cervantes no era un protegido fácil, era conflictivo, al punto de conocerse de varios incidentes graves entre él y los miembros de su escolta. Además existían inquietudes sobre la manera como ejercía su oficio, exagerando las versiones, lo que lo había llevado a ganarse una imagen de fantasioso y a que las versiones sobre las amenazas perdieran credibilidad.

El Decreto 4912 de 2011 establece que cada año deben revisarse las medidas de protección para establecer si el riesgo continúa. La valoración la hacen analistas de la UNP y la recomendación la hace el Comité de Riesgo con base en dicho estudio. En el caso de Cervantes no es claro, a juzgar por el comunicado de la UNP y las declaraciones de su director, Andrés Villamizar, quien señaló que el riesgo no se originaba en su oficio de periodista, lo cual es distinto a no tener riesgo o a tener riesgo ordinario.

Aquí surgen varias preguntas que hago al doctor Villamizar, un funcionario competente que ha dado la cara por el tema, pero a quien le hace falta un poco de autocrítica cuando se le pregunta por sus deberes como servidor público.

¿No era razonable pensar que, dado el contexto y los antecedentes con Cervantes y las amenazas que recibió en el último tiempo, conocidas por distintas autoridades como lo advirtió la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas en un comunicado http://www.hchr.org.co/acnudh/index.php?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&listid=38-2014-periodistas-pasto&mailid=450-onu-ddhh-condena-asesinato-de-periodista&tmpl=component, eran suficientes para que bajo el principio de precaución y buena fe se mantuviera el esquema? ¿Cómo establecer esa frágil línea entre el riesgo de un periodista por denuncias que hizo en el pasado y su actividad actual? ¿Por qué no hubo un desmonte gradual del esquema? ¿Por qué no se remitió a Cervantes a otra de las poblaciones contenidas en el decreto o se informó del riesgo a la Policía Nacional para que lo protegiera como un ciudadano amenazado? ¿Por qué la decisión de retirar un esquema se considera de trámite y no de fondo, razón por la cual no procede recurso alguno? ¿La manera de tratar con protegidos conflictivos es la mejor para la seguridad de los mismos? ¿Existía una animadversión contra Cervantes en el Programa? ¿Por qué demoran tanto los estudios de riesgo y la implementación de medidas?

Aquí falló todo el mundo, la Fiscalía por no establecer la autoría de las amenazas iniciales, la UNP por no valorar el caso bajo el principio de buena fe, eficacia y oportunidad y no acoger la solicitud de la Oficina de Naciones Unidas, en el sentido de que se “ le garantizara la seguridad a Cervantes mientras se valoraban las nuevas amenazas”, la FLIP por no respaldar a su colega, las autoridades regionales por no hacerse cargo del caso, la Policía por no tomar medidas de protección contra un ciudadano en riesgo.

Los únicos que no se equivocaron fueron sus asesinos.

@cuervoji