Por: Carolina Botero Cabrera

Iniciativas ciudadanas para legislar

Las iniciativas legislativas ciudadanas serán cada vez más frecuentes y efectivas especialmente respecto de derechos digitales.

“Marco Civil” es un proyecto de ley brasileño nacido de una alianza entre MinJusticia y Fundación Getulio Vargas en 2009 para construir un marco de derechos humanos al uso de Internet. Tuvo un proceso multisectorial y participación directa de ciudadanos durante meses de discusiones a través de Internet, fue presentado al Congreso en 2011 y aún espera la aprobación. Un destino similar tuvo el experimento, surgido de la crisis de hace 5 años, de construir una constitución en Islandia en forma participativa por sus ciudadanos, tampoco consiguió superar el debate legislativo. Ambos proyectos han quedado congelados.

Esta semana se concreta el tercer intento por trasladar lógicas de construcción colaborativa y participación de Internet, especialmente motivadas por descontentos ciudadanos, al legislativo. En Finlandia desde marzo de 2011 es posible presentar iniciativas legislativas ciudadanas si se recogen 50.000 firmas de respaldo en 6 meses. Eso fue lo que hizo el movimiento “Open Ministry” para movilizar un derecho de autor con “sentido común”. Sus principales propuestas son: disminuir penas por delitos relacionados con derecho de autor, ampliar la definición de “fair use” y aumentar las posibilidades para que los ciudadanos puedan hacer copias digitales de obras que adquieren para su propio uso. La gota que rebosó el vaso y movilizó esta iniciativa fue el secuestro policivo (después de un allanamiento) del computador de una niña de 9 años que era acusada de “piratería”. Lo que suceda con este proyecto será punto de referencia mundial en la construcción colaborativa de normas y en la discusión del derecho de autor.

La sociedad civil colombiana propone en las mesas de trabajo de la Ley Lleras 4 con Mincomercio (que se relacionan con obligaciones TLC de derecho de autor), precisamente incluyen una “cláusula abierta” estilo “fair use”. La resistencia es evidente, pero en la medida en que hay debate la posibilidad está abierta. Podríamos llegar a plantear soluciones de este tipo, iniciativas ciudadanas que pongan al Congreso en la arena pública, si el gobierno decide que no considera viable esa cláusula, ¿Qué opinan?

Buscar columnista