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Columnista invitado 16 Dic 2012 - 11:00 pm

¿Inseguridad jurídica?

Columnista invitado

¿Será cierto que las Fuerzas Armadas están agobiadas por la famosa “inseguridad jurídica”? Después de un año de pedirle al ministro de Defensa ejemplos (de la supuesta guerra jurídica), finalmente la semana pasada nos envió una carta citando tres casos, que para él, “evidencian la alarmante situación de militares condenados por bajas ocurridas en combate”.

Por: Columnista invitado
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    http://www.elespectador.com/opinion/inseguridad-juridica-columna-392746
    http://tinyurl.com/c8cnsnp
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Resulta que, como bien se informó en este periódico, los tres casos que cita el ministro son claros ejemplos de falsos positivos sancionados correctamente por tribunales ordinarios.

“Los labriegos Germán Darío Hernández Galeano y Juan de Jesús Giraldo Aristizábal (…) se encontraban en una parcela cortando caña”, afirma una sentencia de Sala de Casación Penal de la Corte Suprema sobre uno de los casos que emplea el ministro para justificar la reforma. “Los militares acompañados de tres encapuchados se llevaron a Germán Darío Hernández Galeano, cuyo cadáver baleado entregaron al día siguiente en la morgue del hospital”.

¿Qué podemos esperar de la actual justicia penal militar (rama del Ministerio de Defensa) a la hora de verificar e investigar abusos ocurridos en operaciones militares si el propio ministro todavía no distingue entre una muerte en combate y un asesinato a sangre fría con sentencia de la Corte Suprema? Es falso que los críticos de la reforma busquen imponer normas foráneas al país (un argumento al que estoy más acostumbrado a escuchar de los vecinos de Colombia).

Desde 1997, la Corte Constitucional ha establecido claramente que los abusos militares en ningún caso pueden tener relación con el servicio y, por lo tanto, deben ser siempre investigados y juzgados por la justicia ordinaria. Es precisamente esta jurisprudencia —que es pionera y modelo para la región— la que pretende anular la enmienda al establecer que las violaciones del derecho internacional humanitario “serán conocidas exclusivamente” por la justicia penal militar.

Es falso que el Gobierno haya hecho los cambios necesarios al proyecto para garantizar que los falsos positivos no se remitan a la justicia penal militar. Si los promotores de la enmienda estuvieran tan comprometidos con prevenir dicho traslado, ¿por qué el senador Juan Manuel Galán y el ministro Pinzón, escoltados en la plenaria por la cúpula militar, se negaron tan apasionadamente a incluir el homicidio agravado y homicidio en persona protegida en el listado de delitos excluidos del fuero militar?

 

* José Miguel Vivanco, Director de la División de las Américas de Human Rights Watch

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