Intimidad vs Seguridad un año después

En marzo de 2014 algunas organizaciones solicitamos al Presidente incluir una perspectiva de protección de derechos humanos en el desarrollo de la estrategia de ciberseguridad, aún no conocemos los resultados.

Hace un año el gobierno anunció que fortalecería la ciberdefensa porque éramos vulnerables a ataques y no teníamos suficientes herramientas para enfrentarlos. Primero, con apoyo de la OEA, se reunió una Misión Técnica de Seguridad Cibernética, que, además de proponer reformas para implementar el futuro esquema de ciberseguridad, recomendó mejorar el marco legal e incluir a la sociedad civil. Posteriormente, el gobierno convocó a mesas de trabajo con especialistas nacionales y, a dos de ellas, se invitó a representantes del grupo (mayo de 2014). Esta etapa se cerró con una conferencia internacional donde organizamos un panel sobre derechos humanos.

Finalmente, en el proceso para presentar ajustes a la regulación, la OEA realizó un taller (octubre 2014) sobre “Seguridad internacional y diplomacia en el ciberespacio”, en donde la Viceministra de las TIC anunció que trabajaban en implementar algunos cambios sugeridos (como la retención obligatoria de datos por parte de los prestadores del servicio de internet). A la fecha no conocemos las propuestas de nuevas regulaciones ni estamos seguros si habrá oportunidad de participar en su diseño final.

La rápida evolución de Internet genera importantes retos de seguridad que deben enfrentarse, pero una sociedad democrática no puede subordinar la protección de derechos fundamentales, como el de la intimidad personal y la libertad de expresión, exclusivamente a la necesidad de la seguridad. De hecho, buscando ese balance, recientemente, la ONU creó la relatoría especial para la intimidad.

En 2014, el Presidente mencionó que en temas de ciberseguridad estamos “en pañales y expuestos a todo tipo de ataques”. Un año después se debe reconocer que en temas de derechos humanos en el entorno digital el panorama es similar. La ciudadanía está expuesta a importantes vulneraciones. Las reformas normativas son claves para buscar equilibrios, pero serán incompletas si no participa la sociedad civil. Adicionalmente, el gobierno debe tener claro que la participación no es de cualquier forma. No es un factor nominal, es una obligación constitucional que debe articular en forma efectiva en todo proceso.