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Salomón Kalmanovitz 2 Jun 2013 - 11:00 pm

La invitación de la OECD

Salomón Kalmanovitz

Ojalá Colombia sea admitida en la OECD, que cuenta con 34 países miembros, la mayoría ricos y que presionan a cada país para que adopte las mejores prácticas en materia macroeconómica, tributaria, distribución del ingreso, corrupción y lavado de activos.

Por: Salomón Kalmanovitz
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Eso no significa una mejora automática para el país admitido: no modifica su calificación de riesgo, no aumenta necesariamente la inversión extranjera ni afecta su comercio exterior.

Chile, que tiene buenas políticas macroeconómicas, y México, con un desempeño regular, son miembros, mientras que Brasil y Perú, que tienen mejores calificaciones que Colombia, no parecen interesados en pertenecer.

Se trata de una invitación frente a la cual no hay que cantar victoria todavía. Rusia fue invitada hace siete años y no ha sido admitida por razones que explicamos adelante. La invitación no nos convierte para nada en país civilizado. Aunque la OECD sea un buen rasero, no hay que replicar ciegamente a Europa y Estados Unidos en su libertinaje financiero ni en su incapacidad de implementar políticas contracíclicas que los saquen de la recesión que los azota.

En el informe de la OECD sobre Colombia se muestra que tenemos la peor distribución del ingreso del grupo: el coeficiente Gini es de 0,55, frente a 0,31 para el promedio de los 34 países, y mientras que nuestro percentil más rico tiene un ingreso 12 veces superior al más pobre, en la OECD la relación es de sólo 4. Eso tiene que ver con salarios muy bajos, fuertes restricciones a los derechos laborales, enorme concentración de la tierra, informalidad excesiva y una política fiscal que deteriora aún más la pésima distribución de la riqueza.

Según la OECD, “el sistema fiscal recauda pocos ingresos. Es un sistema que obstaculiza el crecimiento y crea numerosas distorsiones, debido a que prevé… exenciones fiscales excesivas y regímenes especiales… La redistribución que permite el sistema tributario es muy reducida”. En otras palabras: la tributación de los ricos es muy baja (los dividendos están exentos y las tierras no pagan impuesto predial) y hay escasa tributación del sector minero; el gasto público está canalizado por la corrupción que enriquece a contratistas, políticos y magistrados, mientras que la educación y la salud son de insuficiente cobertura y mala calidad. Hay que preguntarse por qué no hay locomotora educativa en las políticas de la administración Santos, si queremos ingresar al selecto club.

La OECD no parece ser muy crítica de las instituciones de sus miembros, pero si Rusia no ha sido aceptada por la concentración del poder en manos del primer ministro-presidente y un sistema judicial que expropia a los enemigos del mismo, Colombia puede tener problemas. A nuestro haber tenemos un Congreso elegido en buena parte por el crimen organizado, un sistema judicial bastante corrupto e incompetente, que demora años en zanjar los conflictos entre los ciudadanos y las empresas, y un ministerio público perfectamente arbitrario y cómplice de la corrupción política y judicial. Todos estos elementos explican la disfuncionalidad de la democracia colombiana.

Hay que abonarle a Santos la intención de restituir tierras, reconstruir el catastro rural, abrir el espacio político para la insurgencia y racionalizar un poco el sistema tributario. Se ve seriamente limitado porque su propia base política es muy derechista y la oposición descabellada de Uribe obstaculiza más aún sus buenas intenciones.

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