Por: Yesid Reyes Alvarado

Judicatura y tecnología

EN COLOMBIA LA ADMINISTRACIÓN de justicia se ha caracterizado por su poca inclinación a valerse de los avances tecnológicos para mejorar sus niveles de eficiencia administrativa.

Hace ya casi tres décadas fue célebre un solitario juez civil de Bogotá quien, de su propio bolsillo, llevó a su despacho una computadora con la que no sólo agilizó la confección de sus decisiones sino que, a través de una terminal colocada en la secretaría, facilitó al público la consulta sobre el estado de los procesos a su cargo. Algunos años más tarde, se instaló en el Tribunal Superior de Bogotá un pequeño programa de prueba que era capaz de repartir aleatoriamente a los magistrados los procesos que llegaban a segunda instancia; como la Rama Judicial no se decidía a contratar su implantación, el modelo de demostración operó durante muchos años.

Cuando en 1985 se anunció que los juzgados serían dotados de computadoras, gran parte de los funcionarios se opuso abiertamente creyendo que se trataba de un plan para reemplazarlos por máquinas. Paulatinamente cedió el temor y las oficinas judiciales fueron cambiando sus viejas máquinas de escribir por procesadores e impresoras, y algunas instituciones como la Fiscalía y las altas Cortes tienen páginas web en las que se puede consultar valiosa información.

Aunque estos pequeños avances tecnológicos fueron de gran utilidad en las fiscalías y juzgados, muchos de sus empleados cuentan con equipos obsoletos, algunos otros tienen dificultades para su mantenimiento y reparación y no pocos hacen rendir las cintas de las impresoras a niveles insospechados, ante la lentitud con la que reciben los repuestos. Tampoco es extraño encontrar algunos funcionarios que trabajan con sus computadoras personales, y otros que con su propio dinero se proveen de ayudas tecnológicas que les facilitan el cumplimiento de sus deberes, porque no les son suministradas por el Estado.

Para superar el atraso tecnológico, nuestros jueces y fiscales deberían ser dotados de adelantos informáticos que les permitieran notificar sus decisiones a los sujetos procesales por medios electrónicos, que abrieran la posibilidad de que los abogados pudieran enviar sus escritos y solicitudes a través de internet y consultar en línea tanto el estado de los procesos como el contenido de las decisiones que en el interior éstos se adopten.

El diseño y puesta en práctica de herramientas como las acabadas de mencionar son factibles con elevados estándares de seguridad, como lo han venido demostrando las entidades bancarias. En cuanto a su valor, si bien es verdad que requieren de una importante inversión, lo evidente es que permitirían racionalizar el trabajo de los despachos judiciales, pues todo el tiempo que ahora dedican a recibir memoriales, informar del estado de los procesos y notificar decisiones, podrían invertirlo en la solución de los casos a su cargo. Sería bueno que en lugar de seguir recurriendo a nuevas leyes para buscar mayor agilidad en nuestra justicia, se prestara más atención a una reorganización administrativa de instituciones como la Fiscalía, con el apoyo de toda la tecnología disponible.

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