Por: Juan Carlos Gómez

Jugando con la presunción

Supongamos que en nuestro país no hubiera tantos paros judiciales. Supongamos también que los despachos se encontraran sistematizados, que las diligencias se realizaran a tiempo, que los funcionarios acudieran puntualmente a cumplir con sus deberes.

Imaginémonos, asimismo, que los togados tuvieran el tiempo suficiente para estudiar con juicio los argumentos y, aparte del conocimiento del derecho, tuvieran entre sus materias preferidas la lógica jurídica.

Aunque todo sucediera de manera idílica, igual es una tarea ardua lograr que la respectiva autoridad judicial declare la nulidad de un acto administrativo. Ni qué decir entonces cuando enfrentamos la triste realidad de la justicia en Colombia que en buena parte funciona como si estuviéramos en el siglo XIX. Aún los asuntos de competencia del Consejo de Estado y de los tribunales administrativos se pueden demorar lo suficiente como para resultar inocuas sus sentencias.

Esa lentitud de la justicia es la carta que juegan a su favor los funcionarios que gobiernan a punta de “alcaldadas”. Se supone que los actos administrativos son expedidos en acatamiento a la legalidad, y por eso son obligatorios. Si no existiera esa presunción de legalidad, sería imposible gobernar, pero también es un refugio para que las autoridades abusen de su poder. Dicen coloquialmente: “de aquí a que se caiga la norma…”. Es el estilo de gobierno que desprecia el derecho y lo somete a la política.

En las normas del anterior procedimiento contencioso administrativo existía la figura de la suspensión provisional, como una medida excepcional para no tener que someterse a un acto manifiestamente ilícito. En el nuevo procedimiento que rige desde julio —ley 1437 de 2011— las medidas cautelares son de un amplísimo alcance. Además de la suspensión del acto, por ejemplo, se puede ordenar la adopción de una decisión administrativa en concreto o imponer obligaciones de hacer o de no hacer.

Sí. Se lució el legislador al diseñar un catálogo tan amplio de medidas para defendernos de los actos abusivos de los funcionarios públicos, pero, por lo pronto, poco cambiará. Simplemente, —aun sin paro— no existe un aparato judicial que garantice la oportuna realización del derecho. Aunque abran otra vez los despachos judiciales, ¿la justicia seguirá cerrada?

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