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Juan Carlos Gómez 16 Dic 2012 - 11:00 pm

Jugando con la presunción

Juan Carlos Gómez

Supongamos que en nuestro país no hubiera tantos paros judiciales. Supongamos también que los despachos se encontraran sistematizados, que las diligencias se realizaran a tiempo, que los funcionarios acudieran puntualmente a cumplir con sus deberes.

Por: Juan Carlos Gómez
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Imaginémonos, asimismo, que los togados tuvieran el tiempo suficiente para estudiar con juicio los argumentos y, aparte del conocimiento del derecho, tuvieran entre sus materias preferidas la lógica jurídica.

Aunque todo sucediera de manera idílica, igual es una tarea ardua lograr que la respectiva autoridad judicial declare la nulidad de un acto administrativo. Ni qué decir entonces cuando enfrentamos la triste realidad de la justicia en Colombia que en buena parte funciona como si estuviéramos en el siglo XIX. Aún los asuntos de competencia del Consejo de Estado y de los tribunales administrativos se pueden demorar lo suficiente como para resultar inocuas sus sentencias.

Esa lentitud de la justicia es la carta que juegan a su favor los funcionarios que gobiernan a punta de “alcaldadas”. Se supone que los actos administrativos son expedidos en acatamiento a la legalidad, y por eso son obligatorios. Si no existiera esa presunción de legalidad, sería imposible gobernar, pero también es un refugio para que las autoridades abusen de su poder. Dicen coloquialmente: “de aquí a que se caiga la norma…”. Es el estilo de gobierno que desprecia el derecho y lo somete a la política.

En las normas del anterior procedimiento contencioso administrativo existía la figura de la suspensión provisional, como una medida excepcional para no tener que someterse a un acto manifiestamente ilícito. En el nuevo procedimiento que rige desde julio —ley 1437 de 2011— las medidas cautelares son de un amplísimo alcance. Además de la suspensión del acto, por ejemplo, se puede ordenar la adopción de una decisión administrativa en concreto o imponer obligaciones de hacer o de no hacer.

Sí. Se lució el legislador al diseñar un catálogo tan amplio de medidas para defendernos de los actos abusivos de los funcionarios públicos, pero, por lo pronto, poco cambiará. Simplemente, —aun sin paro— no existe un aparato judicial que garantice la oportuna realización del derecho. Aunque abran otra vez los despachos judiciales, ¿la justicia seguirá cerrada?

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paisacoraje

Lun, 12/17/2012 - 20:39
¿Y qué decir de la inocua ley de repetición?
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Joenace

Lun, 12/17/2012 - 17:44
Seguirá cerrada porque en el fuero íntimo de cada colombiano hay un injusto.
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estepao

Lun, 12/17/2012 - 09:17
Los bancos para cuando pierden un pleito judicial tienen otra entidad llamada REFINANCIA S A a quien le "vende" la cartera buscando eximirse de las responsabilidades que conlleva perder un juicio y fuera de eso con la venta de la cartera buscan demandar al deudor ganador dizque por enriquecimiento sin justa causa, sabiendo que el fallo hizo tránsito a cosa juzgada. Podríamos hacer un catálogo de abusos.
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estepao

Lun, 12/17/2012 - 09:14
Muy artículo si a la lentitud juegan los incompetentes funcionarios: niegan derechos pensionales claros e indiscutibles obligando al ciudadano a tener que iniciar un proceso judicial, el cual las instituciones tienen la capacidad de llevarlo hasta casación el la Corte Suprema de Justicia, incluso asi el ciudadano tenga el fallo en la mano no lo cumplen los incompetentes (como están respaldados por politiqueros que los tienen atornillados en los puestos) . Igual sistema pasa con los derechos de salud. Los gobiernos y los legisladores crean Leyes a todas luces ilegales sabiendo que asi las declararán pero si son impuestos mientras les tumban el acto administrativo logran recaudas miles de millones.
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comentandoj

Lun, 12/17/2012 - 07:04
Por què no presumimos que la Justicia colombiana està formada por abogados de verdad: presumamos que las Cortes, el CSJ y todo e lpoder judicial està formado por gente decente y no por aprovechadores y delincuentes
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