Por: Alfredo Molano Bravo

Justicia para militares

Existe en el gremio de los constructores de autopistas y grandes carreteras la valiente decisión de no volver a presentarse a licitaciones, mientras no se eliminen de los códigos y leyes todos aquellos artículos o normas que los obligan a rendir cuentas de los contratos públicos firmados con la Nación.

Reclaman una justicia especializada para juzgar a los sospechosos de incumplimiento o de corrupción en la construcción de autopistas y rutas de Transmilenio. Solicitan, además, que de llegar a identificarse algún culpable por inobservancia de sus deberes profesionales, por malversación, tráfico de influencia, soborno o despilfarro, y en el caso improbable de ser condenado, el reo debería pagar su condena en los clubes que el gremio dispondrá para ello.

No me cabe duda de que el lunes mismo llegará a la dirección de El Espectador una carta rechazando de plano la mención de “gremio de los constructores” por mi columna. Razón no le faltaría porque la mera caricatura ofende cualquier noción democrática del derecho.

Los militares quieren la reformulación del fuero vigente por considerar que les impide cumplir con su deber. Hacen en el Congreso un lobby que más parece un asedio. De llegar a salir adelante su versión, defendida por Uribe, Juanito Lozano, Enríquez Maya y Juan Carlos Vélez, algunos legisladores podrían pedir que el Congreso flexibilizara su propio fuero y despachara desde la Picota. Por esa tronera podrían meterse todos los gremios y todos los intereses económicos, arguyendo que su organización es indispensable y que sólo sus colegas entienden el carácter de sus delitos. En un país donde nadie respeta la cola porque nos sentimos excepcionales, no será difícil que todos, apelando al ejemplo de los militares, terminemos pidiendo códigos particulares. Las revoluciones liberales impusieron el principio de igualdad en que se funda nuestro derecho. En el fondo, es lo que los militares rechazan. Somos excepcionales, dicen, porque nos jugamos la vida. (En realidad en Colombia todos nos jugamos la vida desde que salimos de la casa; y no hay seguridad alguna de que la casa no se nos caiga encima).

Se podría decir, mirando la historia reciente, que los militares no pueden hacer la guerra irregular sino apelando a medios irregulares y esos medios son los que ha denunciado Yair Klein en un reciente reportaje a Olga Behar y a Carolina Ardila. Klein acepta, con toda frescura, haber sido contratado por militares, bananeros y ganaderos para entrenar militarmente contingentes de campesinos contra la guerrilla con aprobación de las autoridades colombianas. Quizás Klein miente, pero las cosas coinciden. De la escuela de Puerto Boyacá, como él mismo lo sostiene, salió el paramilitarismo con un mando central y un proyecto nacional. No hubo bloque paramilitar que no tuviera un mando exmilitar. Esa relación es innegable, así pueda recibirse con beneficio de inventario y aceptar que “sólo algunos estuvieron metidos en el negocio”. El paramilitarismo hizo —y seguirá haciendo— la guerra sucia que los militares necesitan para lograr la derrota de la subversión. Lo que, la verdad, tampoco ha dado los resultados prometidos. La vigencia del DIH, la firma del Tratado de Roma, y la conciencia en la opinión pública de que los derechos humanos son de obligatorio cumplimiento, han puesto en peligro la siniestra alternativa. Para poder seguir haciendo la guerra irregular por medios irregulares, queda siempre el recurso de una justicia excepcional. ¿Qué es lo que se quiere esconder impidiendo que sea el CTI —cuerpo civil— el que haga el levantamiento de los muertos en un combate? Pues que el combate pudo no haber tenido en cuenta las leyes de la guerra o el DIH, lo que permitiría, por ejemplo, desaparecer los falsos positivos. Lo que los militares piden en última instancia —porque ello determina la instancia en que se debe juzgar— es que sean ellos quienes hagan el levantamiento y juzguen desde ahí, a su amaño, los hechos. Alias El Iguano, monstruo que asesinó e incineró a cientos de campesinos en norte de Santander, decía que los muertos hacen mucho escándalo; hablan de su muerte.

Hay que recordar que el origen de la disputa de hoy fue un acuerdo que, impuesto por los EEUU para firmar el TLC, firmaron la Fiscalía y el Ministerio de Defensa para que el levantamiento de los cadáveres fuera realizado por el CTI. Para rematar, el proyecto pretende que los militares condenados con el nuevo fuero, no cumplan sentencia en cárceles comunes sino en centros especiales, verdaderos Tolemaida Resorts, como los llamó el representante Germán Navas Talero.

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