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Arlene B. Tickner 6 Mayo 2013 - 7:07 am

Visión Global

Justicia transicional y castigo en el mundo

Arlene B. Tickner

Entre los asuntos tratados por la justicia transicional —cuya aplicación ha crecido ostensiblemente, tanto en casos de transición a la democracia y finalización de conflictos armados como de otros tipos de violencia— el problema de la justicia está entre los más sensibles.

Por: Arlene B. Tickner
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    http://tinyurl.com/lo32pvm
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El derecho internacional de los derechos humanos y el DIH, así como el derecho penal criminal, obligan a los estados a investigar y castigar los crímenes de guerra y los delitos de lesa humanidad y contemplan mecanismos para combatir la impunidad cuando éstos no actúan. Sin embargo, la justicia puede ser también un obstáculo para la paz, en especial cuando el castigo se entiende en términos punitivos exclusivamente. El dilema consiste en encontrar soluciones que sean políticamente viables y aceptadas por todas las partes involucradas, pero que respondan simultáneamente a las exigencias de la justicia, tanto nacional como internacional, y los derechos de las víctimas a la verdad y la reparación.

Entre las lecturas maximalistas, que priorizan el castigo y la rendición de cuentas de los responsables de crímenes atroces, y las minimalistas, que suponen que toda transición estable exige un grado alto de impunidad y amnistía, existe un sinnúmero de alternativas en el intermedio. La ecuación de justicia transicional más apropiada para cada país y cada contexto histórico depende, entre otros factores, del poder relativo de las partes, los recursos económicos disponibles para implementar lo acordado, la gravedad de los crímenes cometidos y su duración en el tiempo, el papel de los actores internacionales y la memoria que se tiene de los éxitos o fracasos de episodios previos de negociación. Sobre esto último, es innegable que el debate actual acerca del Marco Jurídico para la Paz en Colombia y acerca de si las Farc deben o no pagar cárcel, está atravesado por diversos recuerdos sobre tratos anteriores a los actores armados (y los miembros de la Fuerza Pública) desde la amnistía a las guerrillas liberales en adelante.

El Transitional Justice Database Project, que incluye datos sobre todas las iniciativas de justicia transicional realizadas en el mundo entre 1970 y 2007, las cuales suman a 151 casos de guerra civil en 91 países, permite intuir algunos patrones interesantes. En general, extremos como los de Sudáfrica, que empleó un esquema de “perdón y olvido” propio de un modelo restaurativo de justicia, o España, cuya transición fue “amnésica” respecto al franquismo, son la excepción. En cambio, la mayoría de casos exitosos de justicia transicional combina distintos mecanismos aparentemente contradictorios, entre ellos juicios y cárcel con amnistías e indultos. Y entre mayor duración tenga un conflicto, más amplio el abanico de instrumentos utilizados. Contra quienes argumentan que la justicia transicional contradice las reglas internacionales sobre derechos humanos, la evidencia empírica demuestra que la participación de actores internacionales no es obstáculo para amnistiar a los responsables de crímenes atroces.

Reconociendo, como Rodrigo Uprimny, que el papel del castigo en contextos de transición es fundamental para censurar públicamente ciertas conductas, impedir que vuelvan a presentarse y crear un sentido necesario de justicia, la paz también exige un balance. Por ello la propuesta de este jurista, de que entre más graves los crímenes y mayor responsabilidad militar y política, menos perdón, pero entre mayor el aporte a la paz, más espacio para ello, suena muy sensata.

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Opinión por:

AltoMagdalena

Lun, 05/06/2013 - 20:07
Pues un aporte a la paz que es muy importante y frente al cual sospechosamente los negociadores callan como peces, es la cuestiòn del dinero de las Farc. Que lo tienen, y mucho, o pretenden hacernos creer que son los ùnicos narcotraficantes pobres? La indemnizaciòn a las vìctimas de las Farc debe salir en primer lugar de los bienes de las Farc y no de los impuestos de los colombianos trabajadores. No es la tarea de los negociadores el ayudarles a esconder su fortuna ensangrentada en paraìsos bancarios.
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