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Por Lina Marcela Mazo Arango
Las mujeres en Colombia están desprotegidas. Pareciera que no hay quien vele por su seguridad. Según Medicina Legal, en 2016 hubo 122 feminicidios, 22 % más que en 2015, y como va este 2017, me atrevería a decir que la violencia contra la mujer va en aumento.
En este punto hago una reflexión y me doy cuenta de que nuestra justicia está muy enferma, está ciega, muda, coja, manca y tal vez esté perdiendo su capacidad para razonar. Es la única explicación que encuentro para que no se detecten a tiempo casos de violencia contra la mujer, no se les dé celeridad a los ya denunciados, no se atrape a los agresores o se les deje libre, se les rebaje la pena o se les dé casa por cárcel.
Y es que bueno, ya sea porque sí esté enferma o se haga, nuestra justicia no tiene la capacidad para responder eficaz y oportunamente a estos casos, debido a su organización altamente burocrática. Mientras las víctimas deben contar una y otra vez su historia para demostrar que sí son víctimas, el sistema judicial, atiborrado de papeles y documentos, pasa la información y las denuncias de las víctimas de una dependencia a otra.
Y el consuelo temporal que dan a las denunciantes es una orden de alejamiento para su verdugo. Un simple papel que ante un agresor no puede hacer mucho para salvar a la mujer de golpes e insultos o en el peor de los casos de la muerte.
Es la historia de Claudia Johana Rodríguez, quien murió a manos de su pareja en un centro comercial de Bogotá, o de Sara Yolima Salazar, de tres años, que estaba en manos de sus padrinos cuando murió. ¿Por qué si ya Claudia había interpuesto una denuncia no hubo una verdadera protección? ¿Por qué el ICBF no intervino en el caso de Sara, si ya se adelantaba un proceso de restitución de derechos en la comisaría de familia y además tenía antecedentes médicos que revelaban la situación de abandono por la que atravesaba la niña?
Estos son sólo algunos de los casos que han alcanzado a ser conocidos por la opinión pública, pero no son los únicos. En nuestro país, esta es la historia del día a día, nada nuevo para muchas mujeres que pasan por lo mismo y que luchan solas contra sus victimarios mientras suplican protección y justicia.
Es cierto que no todas las mujeres maltratadas denuncian ante las autoridades, ya sea por miedo o por vergüenza. Entonces, ¿por qué no se protege física y emocionalmente a las que sí se atreven a hacerlo confiando en la justicia colombiana?
Todo el tiempo veo campañas para concientizar a las mujeres de la importancia de denunciar cualquier tipo de agresión; pero a la hora de la verdad, cuando la víctima se decide a denunciar, se ve involucrada en un proceso lento, tedioso, donde no se le garantiza una solución inmediata al problema de violencia que vive y, además, si su agresor llegara a ir a la cárcel, se enfrentaría a una pena de pocos años. ¿Es eso justicia?
No creo que la culpa la tengan los funcionarios públicos. La culpa es de la administración burocrática del sistema judicial colombiano que revictimiza y retrasa la oportuna defensa y protección de las mujeres y por lo tanto es el culpable detrás del telón de feminicidios que estaban advertidos y no se les dio pronta atención.