La contabilidad de las Farc

Luego de decenas de años en medio del conflicto, de la violencia y del terrorismo, en esta semana las Farc, gracias a los avances del Acuerdo de Paz, dieron paso a convertirse en un partido político con la celebración de su congreso político, de donde seguramente también saldrán propuestas para el país. Dejan así una empresa que por años vivió del chantaje, de la producción de droga, de la minería ilegal, del secuestro y del terrorismo. Siempre será de celebrar que seamos capaces de pasar la página de semejantes hechos a una nueva, en donde se pueda debatir sin armas en función de las ideas.

Ya que están entrando en la arena de la democracia, bien vale la pena reflexionar sobre el debate reciente en el país en referencia al inventario de bienes que las Farc han declarado para poder resarcir a las víctimas.

Así ellos no quieran como tales considerarse así, para la gran mayoría de colombianos las Farc han sido una empresa de enormes proporciones que seguramente acumuló algunos activos en cabeza de sus militantes, seguidores, testaferros o de compañías fachada (por cuanto es difícil que lo haya hecho a través de una personería jurídica única), posiblemente también pasivos, y de allí disponen un patrimonio que debiese ser la fuente para cumplirles a las víctimas. Publicaciones internacionales reconocidas llegaron a hablar de $30 billones como su patrimonio total; otras de $9 billones.

El más reciente dato proporcionado por las propias Farc habla de un 3 % de lo inicialmente descrito en una suma que se aproxima a $1 billón. De entrada, la suma parece poca cuando se la compara con las cifras inicialmente planteadas. Es también poca cuando se valora la dimensión de una empresa de decenas de miles de militantes y negocios como los que administraban, pero puede ser poca si se la compara con investigaciones en los denominados computadores de las Farc y algunas otras hechas por unidades investigativas de distintos medios de comunicación.

Pero independientemente de lo anterior, y esperando que la comisión de Gobierno y Farc que se anuncia llegue al valor real, sí vale una recomendación a las Farc para que ajusten sus prácticas contables.

En primer lugar, no sobra recordarles que en los activos no pueden incluir como propios bienes que no lo son. No pueden ser activos a registrar aquellos que son objeto de extinción de dominio ni tampoco aquellos que indebidamente han incautado a la mafia. Si esa tesis prospera, aquellos militares que se apropiaron indebidamente de las guacas de las Farc también tendrían derecho a dichos activos.

En segundo lugar, en la hacienda pública existen los bienes indivisibles. Es decir, aquellos que no se pueden distribuir o repartir entre ninguna parte por cuanto se altera su esencia. Los 3.653 kilómetros de carreteras (que representan 20 % de lo declarado) son bienes de todos. Permitir esto es más o menos como si usted se apropia de parte de un parque público para pagar una deuda. Tampoco pueden ser activos de nadie las obras sociales que se realicen, así sean muy valiosas para la comunidad, como cirugías y tratamientos médicos.

En tercer lugar, no sobra aclarar que los gastos no son activos y, por ende, no hacen parte de un patrimonio. Los gastos son erogaciones necesarias para obtener una renta, y allí se incluirían armas, cantimploras, vestimenta, comida y similares, en el caso de las Farc. Tampoco tendrían mucho valor aquellos activos ya depreciados como bienes muebles, que incluyen medios de transporte o enseres.

Recogiendo lo anterior, bien podría considerarse como parte del patrimonio algo cercano al 50 % de lo declarado, es decir, no más de medio billón de pesos, cifra aún más baja de lo pensado.

La paz es un objetivo social de enorme importancia que no debe ponerse en riesgo por una presentación francamente chambona por parte de las Farc, mucho más cuando la destinación de estos recursos tiene como objetivo el resarcir a las víctimas del conflicto. Los colombianos sueñan esperanzados con un país sin violencia, pero este tipo de salidas en falso le hacen flaco favor al proceso.

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