Por: Adolfo León Atehortúa Cruz

La dejación de armas: un hecho histórico

En el devenir de la humanidad, los historiadores solían diferenciar tres tipos de hechos: los hechos comunes, los hechos relevantes y los hechos históricos.

Los hechos comunes ocurren a diario, simple y ordinariamente, no logran impactar a la sociedad en su conjunto; adquieren presencia en lo banal de los seres individuales y en lo profano que el tiempo marca con su ritmo y desenvolvimiento. Sin embargo, los historiadores de la vida cotidiana han convertido a muchos de ellos en históricos y han logrado reconstruir episodios, vivencias y momentos sociales de épocas enteras gracias a su estudio desde la disciplina histórica.

Los hechos relevantes, al contrario de los cotidianos, brillan con luz propia porque tienen la capacidad de alterar el mundo de lo íntimo y lo individual; impactan a los pueblos, transforman su vida y a la sociedad entera. Se muestran, además, con acontecimientos cortos, excepcionales y azarosos, que pueden romper el devenir histórico con consecuencias más o menos trascendentales. No obstante, solo se expresan como históricos cuando el historiador los convierte en materia de investigación, en objeto de estudio; cuando los evoca y postula como tales en razón a su trabajo riguroso y científico. Es el científico de lo social quien tiene la posibilidad de conectar los acontecimientos y los hechos históricos con los análisis de coyuntura, con los procesos y, por esa vía, con la estructura y la larga duración.

Pues bien, la dejación de armas por parte de las Farc no es un hecho cualquiera en la historia de Colombia. Es y será objeto de estudio para la academia, no tanto como acontecimiento, sino como resultado de un extendido proceso de guerra, negociaciones y acuerdos, de conflicto transformado en su trámite, de experiencia vital social e individual. Por más de 50 años, la historia de Colombia fue atravesada por este proceso y, tal como lo fue su origen y desarrollo, su final es digno de estudio.

Reúne, por otra parte y con absoluta claridad, las condiciones de un hecho relevante: Se trata, según la caracterización realizada por la Universidad Nacional, de al menos 10.000 alzados en armas que deciden abandonar esa forma de lucha en la guerrilla más antigua del mundo, para convertirse en partido político y explorar la posibilidad de acceder al poder por medios pacíficos y constitucionales.

Se trata, así mismo, de casi 8.000 de dichos alzados en armas con origen rural y, entre ellos, 1.800 de extracción indígena y 1.200 afros; toda una expresión de insurgencia campesina que asume ahora caminos diferentes con consecuencias por supuesto diferentes en sus regiones de procedencia y acción.

Son, igualmente, cerca de 2.300 mujeres, de las cuales el 77 por ciento requiere hoy atención prenatal. Hecho que, en sí mismo, contiene una caracterización de especial circunstancia en la transformación de sus vidas y la normalización en sociedad.

Pero, más allá de todo aquello que el censo de la Universidad Nacional pueda señalar, el fin de la confrontación con las Farc significa para el país entero un hecho socialmente relevante, con un impacto innegable para los colombianos y para el Estado; en la vida cotidiana pero también en la estructura política, económica y sociocultural. Un hecho que, obviamente, salta a la categoría de histórico como parte de un largo y definitivo proceso en la historia de nuestro país.

De acuerdo con los resultados más notorios del censo ya citado y la caracterización que provee de los miembros de las Farc en dejación de armas, deben emprenderse al menos cuatro acciones inmediatas para garantizar el éxito del proceso: una atención integral con enfoque de género a los excombatientes, que empiece por atender en forma adecuada a las mujeres en estado de embarazo; una atención especial a la población discapacitada para asegurar su debida reincorporación a la sociedad; la formación en diversos niveles educativos para los excombatientes, la cual debe abarcar alfabetización y primaria hasta educación superior y, finalmente, asegurar el desarrollo de los proyectos colectivos de interés, la vivienda y la vida en familia como propósito fundamental de la reincorporación.

Todo lo anterior no excluye la apuesta por el desarrollo rural y el progreso que, en las zonas y regiones del conflicto, para sus poblaciones víctimas de la guerra, debe emprender el Estado como tarea prioritaria. No hacerlo, daría pie a la continuidad del proceso.

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