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La herencia

María Teresa Ronderos
25 de junio de 2010 - 04:53 a. m.

JUAN MANUEL SANTOS LLEGA A LA Presidencia con un capital político privilegiado: una votación histórica, una amplia mayoría en el Congreso y el apoyo entusiasta de un establecimiento económico que se está recuperando del bajonazo. Además, hay más seguridad, y por ello mismo, llega la inversión extranjera y florecen los negocios privados.

Sin embargo, tendrá que gobernar un país complicado. Para empezar, le será difícil bajar las tensiones con la justicia, y a la vez, permanecer leal al presidente saliente a quien le debe tanto. La obsesión de Uribe de reelegirse y su resistencia a las investigaciones judiciales que involucran a políticos y funcionarios de su entraña, lo llevaron a protagonizar varios escándalos de abuso de poder (DAS-gate, yidispolítica, parapolítica, Job y la Casa de ‘Nari’) que la justicia tiene aún por dilucidar. Y si las decisiones independientes de las cortes no le gustan a su antecesor, podrán convertirlo en un poderoso y resentido adversario.

También tiene que equilibrar el fisco. El déficit del Gobierno Nacional Central, de 4,4% del PIB es, en cierto modo, otro fruto de la gesta reeleccionista de Uribe, que lo llevó a mantener generosas exenciones a los más ricos y un enorme gasto público en subsidios a los pobres. Pero no consiguió que una sustancial parte de la población saliera de la pobreza, pues el desempleo subió con la crisis reciente y el empleo informal sigue siendo escandaloso. Atacar este mal de raíz implica cercenar privilegios, lo que le hará perder amigos entre los empresarios que han prosperado gracias a éstos.

El hueco fiscal también se debe a la mala gestión en algunos ministerios, cuyas cabezas no rodaron por distintas razones (la de Protección Social por ser leal escudero en la yidispolítica y la de Transporte y Obras, por la fe compartida, etc.). Tendrá que hacer enmiendas que pisarán callos varios. La salud está quebrada por mala planeación en el ritmo de las afiliaciones de los subsidiados, pero es un derecho adquirido que no se puede cancelar. También se quedó sin recursos porque las EPS son excesivamente poderosas frente a la escuálida Superintendencia; si les bajan el moño se van a hacer sentir en el Congreso, donde han financiado a tantos. Y cauterizar las venas rotas en las regiones, por donde se filtran recursos que van a dar a cuanta gata ponga secretario de Salud Departamental, le va a doler a otros cuantos de sus aliados de hoy.

Los empresarios consentidos por Uribe en materia de obras y servicios públicos, sin duda se hicieron más ricos, pero el país avanzó a cuenta gotas en vías e infraestructura. Enderezar este rumbo le quedará a Santos cuesta arriba, pues el gobierno Uribe comprometió recursos por más de $27 billones, según informó Portafolio, con el agravante de que el volumen de vigencias fiscales futuras amarradas no refleja una notable planeación de grandes proyectos sólo realizables en plazos largos, sino una improvisada agenda empujada por intereses políticos.

Mirado en blanco y negro, más allá de la seguridad mejorada, el gran gobierno Uribe no fue tan grande. La peor herencia que deja son unas instituciones, donde el apetito politiquero y la ambición privada ganaron terreno frente a la tecnocracia y a la participación ciudadana.

Además de un firme liderazgo, Santos requiere de gran claridad acerca del país real que recibe, para que pueda sacar adelante las transformaciones urgentes. Si no, corre el riesgo de menospreciar la capacidad que tienen los modernos mafiosos de corbata para desviar todo proyecto de interés público hacia su beneficio particular.

 

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