La infamia contra Carolina Sabino

La Fiscalía puede haber violado el derecho a la intimidad de Carolina Sabino de tres formas: la investigó por un asunto privado que no le interesaba a terceros, al parecer trató de usar como prueba una conversación familiar y reveló esta información a todos los medios del país.

El viernes pasado en la tarde, la oficina de prensa de la Fiscalía envió un mensaje por WhatsApp a periodistas informando que se imputarían cargos a Carolina Sabino por presuntamente cometer el delito de aborto. Según trascendió en algunos medios de comunicación al parecer la prueba que originaría esta investigación es una conversación telefónica de la actriz con su hermana. También se conoció que esta escucha telefónica se realizó en el marco de la investigación penal del caso del hacker, debido a que la hermana de Sabino es la esposa de la persona investigada.

Podría argumentarse que esta interceptación de comunicaciones de Carolina Sabino es legal por tener una autorización judicial para ser realizada. Sin embargo, debe recordarse que, en principio, todas las personas tenemos el derecho a que nuestra conversaciones sean privadas y sólo excepcionalmente se pueden autorizar interceptaciones legales bajo estricto control judicial. Una lectura armónica de las normas procesales penales (artículos 235 y 246 del Código de Procedimiento Penal) indica que las autorizaciones de interceptaciones por parte de un juez de garantías están conectadas con las actividades específicas, concretas y directamente conectadas con la actuación que investiga la Fiscalía. Por la información que ha trascendido y sin conocer los detalles procesales del caso, la conversación de Carolina Sabino con su hermana no tenía una conexión con la investigación del hacker y no podría tener el valor de prueba para hacer parte de la investigación.

La violación del derecho a la intimidad de Carolina Sabino demuestra los riesgos de la penalización del aborto porque la sola existencia de este delito y la aplicación abusiva por la justicia penal sólo produce daños en la vida de las mujeres. Investigar este delito supone entrar en la esfera más íntima de una mujer, por ejemplo, investigando su historia clínica, examinando sus motivaciones como si se tratara de un confesor y ahora, como en el caso de Sabino, interceptando comunicaciones. Y lo peor, como en una cacería de brujas, si se le acusa del delito, se la expone a la picota pública.

¿Con qué tranquilidad vamos a poder hablar con nuestros familiares sobre nuestra más profunda preocupaciones si la Fiscalía puede usar esto en nuestra contra? ¿Cómo podremos ayudar a nuestras amigas que nos confíen que tienen problemas o angustias con un posible embarazo no deseado? ¿Qué límites tienen el poder mediático de la Fiscalía que puede destruir la honra de una persona al anunciar la imputación de un delito en un mensaje masivo de WhatsApp? Este caso lamentable muestra los excesos del derecho penal en la vida de las personas. Lo que hace la situación aún más trágica es que una mujer sufrió todo el peso del derecho penal por tratar de vivir su vida como le dictó su conciencia.

Este acto medieval no se arregla con una retractación del Fiscal. Al menos tres tareas son indispensables para garantizar la no repetición de estos hechos. Primero, despenalizar totalmente el aborto para que las mujeres no estén amenazadas por hacer uso de su autonomía personal. Segundo, regular estrictamente las interceptaciones de comunicaciones y sancionar drásticamente a quienes abusen de este poder. Tercero, impedir que la Fiscalía siga anunciando imputaciones y revelándo elementos probatorios a los medios de comunicación porque crean un juicio paralelo y desigual en la opinión pública.

La infamia contra Carolina Sabino fue un golpe contra los derechos fundamentales y una amenaza general contra las mujeres. Esto no se repara solamente con una disculpa, se necesitan medidas que nos permitan decidir, hablar y vivir tranquilamente.

El autor es investigador en Dejusticia.

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@malbarracin