La justicia y los medios

Las noticias de la detención preventiva, posterior detención domiciliaria, y la libertad inmediata de que ha sido objeto el exdiputado de la Asamblea del Valle de Cauca Sigifredo López han dejado un sinsabor en la gente del común y en los mentideros jurídicos, que colocan en la picota pública a la Fiscalía General de la Nación, que por espacio de tres meses mantuvo privado de la libertad al reconocido político, imputándole, nada más ni nada menos, el haber presuntamente participado en los hechos atinentes al secuestro y posterior asesinato de sus colegas.

Si bien el propio Sigifredo López ha salido en defensa del fiscal general de la Nación, aduciendo que le proporcionó las garantías necesarias que hicieron posible su libertad, toda vez que ordenó un cúmulo de pruebas que demostraron su inocencia y dieron al traste con las imputaciones del delegado del ente fiscal que conoció del asunto, amén de que en un acto de valentía el doctor Eduardo Montealegre reconoció que se incurrió en un error judicial, como que los testigos de cargo han sido tachados de falsos, lo cierto es que se abre una vez más el debate sobre la incidencia que tienen los medios de comunicación en las decisiones judiciales.

Desde tiempos inmemoriales se ha venido reclamando que los medios de comunicación de manera ligera e irresponsable, en aras de obtener la mal llamada “chiva” noticiosa, no sólo se limitan a informar acerca de los diversos casos delictivos que se suscitan a diario en el país, sino que juzgan y condenan anticipadamente a los indiciados, atropellando la dignidad y el honor de las personas, y, lo que es peor, desconociendo el fundamental principio universal de derecho que consiste en la presunción de inocencia.

A ello se suma el hecho de que algunos miembros de la Rama Judicial —llámense fiscales, jueces o magistrados— se han dejado seducir por los medios de comunicación y vulnerando la reserva del sumario se prestan frecuentemente a ser partícipes de una “justicia espectáculo”, que en nada contribuye a esclarecer los serios acontecimientos judiciales.

Se hace entonces necesario que en concomitancia con la libertad de expresión exista una verdadera responsabilidad tanto de los dispensadores de justicia, en el sentido de guardar celosamente la reserva del sumario en los procesos judiciales, como de los comunicadores sociales y periodistas, que tienen el deber de brindar una información objetiva y veraz, que de suyo respete ante todo los derechos fundamentales de las personas implicadas en procesos de connotación nacional. Sólo así se tendrá equidad en la justicia e imparcialidad en la información, contribuyendo a que los errores judiciales sean cada vez menores, al tiempo que la credibilidad de la justicia y la objetividad de la prensa sean verdaderos garantes de la paz y de la convivencia social.

Orlando Morales. Bogotá.

Envíe sus cartas a lector@elespectador.com