La lucha de las víctimas

Columnista invitado EE
11 de diciembre de 2014 - 04:21 a. m.

Después de 29 años del “Pacto de Silencio”, la Corte Interamericana de Derechos Humanos concluye la responsabilidad del Estado en la desaparición forzada de 11 personas, las torturas y tratos crueles a otras cuatro y la violación del derecho a la vida del magistrado auxiliar Carlos Horacio Urán y de Ana Rosa Castiblanco y Norma Constanza Esguerra.

Sin dudas se concluye en la sentencia que “existe evidencia de que personas que fueron consideradas sospechosas fueron separadas de los demás sobrevivientes del Palacio de Justicia, trasladadas a instalaciones militares, en algunos casos torturadas y en otros además desaparecidas”. La barbarie con que fue conducida la operación se hace también innegable en lo ocurrido con Carlos Horacio Urán Rojas, quien como comprobó la Corte “fue herido en la pierna izquierda dentro del Palacio de Justicia, pero salió con vida del mismo en custodia de agentes estatales y no se documentó su salida con vida en las listas de sobrevivientes elaboradas por el Estado. Posteriormente, cuando se encontraba en un estado de indefensión causado por las demás lesiones, fue ejecutado. Su cuerpo fue despojado de la ropa, lavado y llevado al Instituto de Medicina Legal”.

La CIDH ha concluido que por tratarse de violaciones graves a los derechos humanos, “incluyendo desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y torturas, el Estado deberá abstenerse de recurrir a la aplicación de leyes de amnistía ni argumentar prescripción, irretroactividad de la ley penal, cosa juzgada, ni el principio non bis in idem o cualquier eximente similar de responsabilidad, con el fin de excusarse de la obligación de investigar y enjuiciar a los responsables”.

El país necesita que todos los responsables de las ejecuciones extrajudiciales, torturas y desapariciones forzadas, que aún siguen sin ser cobijados por la acción de la justicia, que mantienen el pacto de silencio, sean llamados a responder. Las investigaciones pendientes deberán establecer las responsabilidades en el Comando del Ejército, la Dirección de la Policía y el DAS, así como del Consejo de Ministros.

Esta sentencia es el fruto de la interminable lucha de los familiares de las víctimas, que no han cesado en demandar la verdad y la justicia, aun en medio de los ataques y la persecución. La memoria del abogado José Eduardo Umaña Mendoza se engrandece, pues sus ideas, esfuerzos y compromiso en el presente caso terminaron con su vida.

La condena al Estado colombiano debería motivar al procurador general de la Nación para abstenerse de seguir adelantando procesos de revictimización a los familiares, centrarse en su función institucional de aportar a la verdad y cesar las acciones que buscan negar los avances en la justicia interna.

Definitivamente la democracia no se defiende a través de desapariciones forzadas, torturas o ejecuciones extrajudiciales, la democracia y la paz se materializan en la verdad y la justicia.

 

Jorge Molano , abogado de las víctimas *

 

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