Por: Iván Cepeda Castro

La lucha por la democracia local

Como fruto de su resistencia ejemplar, los habitantes de San Onofre, Sucre, consiguieron llevar tras las rejas al alcalde Jorge Blanco

Como fruto de su resistencia ejemplar, los habitantes de San Onofre, Sucre, consiguieron llevar tras las rejas al alcalde Jorge Blanco. En la Audiencia Ciudadana por la Verdad, realizada el 27 de noviembre de 2006, se comprobó, por medio de más de 300 testimonios recogidos, que Blanco era una especie de funcionario del aparato paramilitar: no sólo había observado impasible la transformación de su pueblo en un cementerio sembrado de fosas comunes, sino que había desfalcado las arcas municipales, comenzando por los fondos del hospital de la localidad.

Entre los hechos denunciados por la comunidad en la audiencia figuraba la reunión llevada a cabo el 16 de julio de 2006, en la que también participaron el jefe paramilitar alias Diego Vecino y la entonces congresista Muriel Benito Rebollo, con el fin de pactar la forma en que se iba a presionar a la población para que el hermano de esta última, Édgar Benito Rebollo, fuera el nuevo alcalde del municipio. El pacto está en camino de cumplirse. El hermano de la congresista -que actualmente está recluida en la cárcel y se ha acogido a sentencia anticipada- es hoy el candidato del Partido Conservador a la alcaldía de San Onofre. El otro representante de la política tradicional es Mario Silgado, candidato de Cambio Radical, quien pertenece a un clan que ha gobernado la región durante los períodos más cruentos de la violencia paramilitar.

La campaña electoral ha estado acompañada de múltiples presiones, acciones clientelistas e intentos de fraude. El voto por los candidatos tradicionales se cotiza a cien mil pesos. Se ofrecen mercados y enseres para el hogar. Panfletos anónimos anuncian una campaña de "limpieza" postelectoral. Muchos señalan que los autores de estas advertencias son miembros del grupo paramilitar Águilas Negras. El candidato del Polo Democrático Alternativo, Adil Meléndez, fue víctima de un intento de asesinato en la ciudad de Cartagena el 4 de octubre de 2007. Se ha denunciado que el negocio de préstamos de los desmovilizados, conocido en la región como "pagadiario", se utiliza para constreñir a los electores. Comunidades de personas desplazadas dicen que se les amenaza con privarles del auxilio del programa Familias en Acción si no votan por Benito Rebollo y sus candidatos al Concejo, la Asamblea, y por Jorge Carlos Barraza a la Gobernación. Las víctimas atribuyen estas amenazas a la directora del programa, Amparo Ortega. En la semana que antecede a los comicios, los candidatos a la alcaldía del Polo, Cambio Radical y del Partido Verde Opción Centro, denunciaron que, una vez revisado el listado de sufragantes, se detectaron 2.730 cédulas inscritas en el municipio por ciudadanos que no residen en San Onofre. Además, que el nuevo registrador municipal, Demetrio Ruiz, nombró como registradores auxiliares para el debate electoral a dos militantes de la campaña de Édgar Benito Rebollo. Como evidencia de la denuncia se adjuntó la fotografía tomada a la fachada de la casa de uno de los nuevos registradores, en la que aparece un mural de la campaña "Benito Rebollo, alcalde". La maquinaria clientelista cuenta con el respaldo de Álvaro García y de los congresistas que para muchas personas "siguen mandando desde la cárcel".

Entre los derechos fundamentales de las víctimas de la violencia está la participación política. La restitución de ese derecho y las medidas de favorabilidad para ganar posiciones en los órganos de representación popular son modalidades esenciales de reparación. ¿O acaso la participación política está reservada a los corruptos, los paramilitares y sus amigos?

fm_cepeda@yahoo.fr

 

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