La paz sin indígenas ni afros

Por la vía rápida del Congreso, la implementación del acuerdo de paz está dejando por fuera a los pueblos étnicos. Mucho antes de que hubiera una mesa en La Habana, los laboratorios de paz fueron los territorios de los nasa del Cauca, de los wiwa de la Sierra o de las comunidades negras del Pacífico, que se resistieron a tomar las armas o irse en medio de la violencia guerrillera y paramilitar y la estigmatización estatal. Pagaron por ello cerca de 800.000 afrocolombianos desplazados y unos 200.000 indígenas expulsados de sus territorios ancestrales. Miles más sufrieron las historias que aún están por contarse ante la Comisión de la Verdad y la JEP, como las de familias enteras de kankuamos asoladas por los paramilitares en la Sierra, o por las Farc en el territorio negro de Bojayá.

Por eso, defender el proceso de paz fue un paso espontáneo para los pueblos étnicos. Por eso también fue grande la sorpresa cuando las partes en La Habana se rehusaron, hasta el último día de negociaciones, a incorporar las reclamaciones y las propuestas de las víctimas indígenas y afros. Sobre el filo del anuncio del acuerdo, fueron incluidas en un “capítulo étnico” del texto.

“Hecha la ley, hecha la trampa” y “la justicia es solo para los de ruana” son refranes que desde la Colonia reflejan bien la distancia entre la ley y la realidad, entre la inclusión jurídica y la exclusión social de poblaciones marginadas como los negros y los indígenas. Son las grietas que vienen abriéndose velozmente entre las promesas del acuerdo y su implementación.

La primera surgió de la propuesta de regular las consultas previas por la vía rápida (fast track), que sectores del Gobierno pretenden impulsar en el Congreso, según La Silla Vacía. La idea no es solo inconstitucional sino inconveniente y desleal. Inconstitucional porque el fast track está autorizado sólo para temas directamente relacionados con el desarrollo del acuerdo de paz, y las consultas claramente no caben en esta categoría. Es inconveniente porque el proyecto de ley del gobierno —escrito, ese sí, en consulta con gremios empresariales—, desmonta lo que ha funcionado bien en la mayoría de las consultas (como el espacio legítimo de la Mesa Permanente de Concertación con los pueblos y organizaciones indígenas) y no resuelve lo que funciona mal en casos concretos (como los arreglos corruptos entre funcionarios y un puñado de seudolíderes comunitarios). Y es desleal porque busca pescar en el río revuelto del fast track una solución que precisaría un debate serio y una ley estatutaria.

Se está abriendo otra grieta en la JEP. Así como casi no hay indígenas ni afros en las altas cortes, podría no haberlos en las salas y el tribunal que decidirán las reclamaciones de víctimas que con frecuencia son de esas poblaciones. Como lo proponen las organizaciones étnicas, las normas o los criterios de selección sobre magistrados de la JEP deben exigir que sean incluidos abogados indígenas y afros con trayectoria comprobada en derechos humanos y derechos de los pueblos étnicos.

Es el mínimo reconocimiento adeudado a los pueblos étnicos y a organizaciones como la ONIC, que esta semana cumplió 35 años de estar luchando por la paz.

* Director de Dejusticia