Por: Augusto Trujillo Muñoz

La recentralización

La semana pasada los gobernadores del país expresaron su molestia ante el presidente Santos por “la recentralización que se está poniendo en marcha”. A nombre de los mandatarios seccionales, el gobernador de Santander criticó las acciones del Gobierno nacional que “afectan la autonomía de los departamentos” y disminuyen sus recursos. Extendió sus críticas a los representantes a la Cámara, cuyo origen político debería comprometerlos más con los intereses departamentales cuando votan proyectos de ley.

Acertada y conveniente, incluso necesaria la declaración de los gobernadores. Pero, por supuesto, tardía. La recentralización ha sido una constante política que, en forma creciente, viene afectando la autonomía territorial adoptada en 1991, casi desde sus orígenes. Según no pocos expertos, las normas progresistas de la Carta Política, en esta materia, son desarrolladas por leyes restrictivas que a la Corte Constitucional le resultan exequibles.

Un primer zarpazo a la descentralización fue la reforma que creó el Sistema General de Participaciones (SGP). Es cierto que las transferencias de la nación a las entidades territoriales, consideradas en pesos constantes, se incrementaron anualmente entre 1986 y 2016. Pero decrecieron sensiblemente, desde el año 2000, en términos de porcentaje de los ingresos corrientes de la nación (ICN). Esa trampa vino envuelta en el SGP. 

Entre 1986 y 1999 el porcentaje transferido de los ICN transferidos aumentó del 20 % casi hasta el 50 %. En adelante se revirtió la tendencia, hasta el punto de que en 2016 el porcentaje transferido fue apenas del 28 %. Esa cifra es equivalente a la registrada en 1993. Así lo muestran recientes estudios realizados por investigadores de RINDE, la Red de Iniciativas para la Gobernabilidad, la Democracia y el Desarrollo Territorial, que preside el profesor Darío Indalecio Restrepo, director del doctorado en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional.

También se recentralizó en 2011 con la reforma al Sistema General de Regalías (SGR). El control en la asignación de recursos se concentró en el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y el Plan de Desarrollo 2014–2018 reforzó esa línea. Si bien el presidente Santos respondió a los gobernadores diciendo que “los recursos son de las regiones”, la nación los maneja y los utiliza para decisiones que niega a las entidades territoriales como, por ejemplo, la de incrementar su burocracia.

El reclamo de los gobernadores es tardío. Sin embargo tienen razón en que el problema se agudiza con la propuesta de utilizar esos recursos para desarrollar el posconflicto y construir vías terciarias, pero manejados desde el Gobierno central. De acuerdo, hacen falta controles, incluyendo el control ciudadano, pero no puede olvidarse que la corrupción se expande de arriba hacia abajo o del centro a la periferia y no al revés.

Descentralizar no es repartir recursos desde el centro sino trasladar competencias, es decir, capacidades de decisión. Pero además, el cabal desarrollo del posconflicto supone reconocer autonomía territorial, incluso, para la construcción de instituciones allí donde no han existido. En un país que tiene más territorio que Estado, con geografías y culturas tan diversas, no basta con garantizar el derecho a la igualdad. Es preciso avanzar hacia el derecho a la diferencia.

 Los territorios de provincia y esa Colombia profunda que, desde siempre, ha sido tierra de nadie necesitan desarrollo social e instituciones políticas. Pero eso no se hace “llevando el Estado hacia las regiones más apartadas”, como suelen repetir los políticos tradicionales, sino construyendo las instituciones desde el ámbito más próximo al ciudadano, de abajo hacia arriba, precisamente a partir de la democracia local.

* Exsenador, profesor universitario. @inefable1

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