La rutina de la emergencia

La Unidad Nacional de protección es el mecanismo de protección a periodistas y defensores más antiguo de Latinoamérica y desde su creación, gracias al Decreto 1592 de 2000, sin duda se ha convertido en un modelo —de ensayo y error— para mecanismos de todo el mundo.

La UNP ha salvado muchísimas vidas en los últimos años y su matriz de diagnóstico para riesgo es de las más sofisticadas del continente. Sin embargo, hoy la UNP atraviesa por la crisis más aguda que ha enfrentado en 15 años, como lo evidencia el informe de la Fundación para la Libertad de Prensa presentado esta semana. Nada más en noviembre del año pasado, el exdirector de la Unidad, Andrés Villamizar, anunció por Twitter: “Si no recibimos en las próximas horas los recursos necesarios de Minhacienda, en los próximos ocho días se levantarían todos los esquemas”.

Más que un problema de falta de plata es un asunto de exceso de gastos. Mantener un mecanismo de protección es caro (en promedio US$10.000 al año por un escolta y un carro), y en Colombia cada año aumentan los amenazados. Mientras pocos de los beneficiarios encuentran en los esquemas de seguridad salidas viables y sostenibles, los casos se amontonan y se acumulan. Es evidente que esto es presupuestalmente insostenible y a su vez explica que tarde o temprano muchas de las decisiones de protección terminen estando medidas más por la disponibilidad de recursos que por el riesgo real. A eso hay que sumarle que en el país eso de tener escoltas se ha convertido en un asunto político e inclusive indicador de estatus e importancia. Así, la insostenibilidad presupuestal tiene su origen estructural en el diseño de todo el mecanismo, que si bien ha probado ser útil ante emergencias, no sirve para cambiar un problema estructural de impunidad, corrupción y violencia en Colombia; se asume un gasto extraordinario, cuando el estado de amenaza constante está normalizado.

Por otro lado, es tremendamente difícil determinar cuándo es seguro remover las medidas de protección, pues no se ha trabajado de manera integral para resolver las causas del problema. Un lamentable ejemplo es el asesinato del periodista Luis Carlos Cervantes en el Bajo Cauca, beneficiario del programa desde 2012. El 5 de junio del año pasado, la UNP presentó al Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas una propuesta para levantar la protección, pues su riesgo ya estaba catalogado como ordinario. Dos semanas más tarde, Cervantes recibió nuevas amenazas. Inició un nuevo proceso para solicitar protección. El 12 de agosto, Cervantes estaba muerto. El caso, además, hizo evidente la desigualdad, en términos de recursos y atención, que hay entre la capital y las provincias, que paradójicamente son los escenarios más peligrosos para defensores y periodistas en Colombia.

Cuando se creó la Unidad Nacional de Protección, su modelo era un ejemplo de vanguardia. Hoy se hace evidente que una política integral no puede ser solo reactiva o enfocada a la emergencia. Es alarmante ver que 15 años después no solo no se han mitigado las amenazas, sino que se ha hecho más claro el papel de agentes del Estado como perpetradores recurrentes. La protección a periodistas, defensores o actores políticos no puede ser solo un mecanismo, debe ser una política pública constante, multidimensional y multidisciplinaria, que pasa por sensibilizar a la población, capacitar a las autoridades, combatir la impunidad, reforzar el sistema judicial y buscar vías que mitiguen o desarticulen los riesgos. Es inevitable que un mecanismo pensado para el manejo de crisis falle cuando las emergencias constantes han construido una rutina de la amenaza.