Por: Rodolfo Arango

La trampa en política

Conocido el ingreso irregular de US$ 400.000 a la campaña de Santos en el 2010 procedentes de Odebrecht, la Alianza Verde afirmó que a Antanas Mockus le habían robado las elecciones. Días después un conocido periodista llamó al excandidato presidencial para preguntarle qué opinaba al respecto. Fiel a su espíritu pedagógico y desprendido, Mockus respondió que ya había perdonado; que en política a veces hay que mentir; que la paz amerita pasar la página; y que él había cometido errores que de todas formas lo habrían hecho perder en segunda vuelta. Como era de esperarse, los entrevistadores elogiaron su sabiduría, pundonor y nobleza. Analizado de cerca, el suceso deja varias enseñanzas.

Lo que parece un simple acto venial, dar dinero bajo la mesa a políticos en campaña, tiene efectos devastadores para la democracia. El problema no está sólo en los tenues controles para evitar la trampa. Más grave es la trivialización de las reglas democráticas al auspiciar ese comportamiento. Sin topes ni control efectivo, el dinero sesga los resultados a favor del más adinerado o inescrupuloso. La igualdad política queda tendida en el camino y la legitimidad del sistema democrático destruída. Desde antiguo autores clásicos han advertido que la arbitrariedad, la riqueza y los excesos corrompen las formas puras de gobierno: la monarquía muta en tiranía; la aristocracia, en oligarquía; la democracia, en anarquía.

La picaresca en nuestra cultura no ayuda a dimensionar la gravedad que tiene el uso de la trampa electoral. También el perdón está aquí fuera de lugar. Esto porque la ofensa no sólo daña al candidato perdedor. El juego sucio afecta a todos los votantes que confiaban en tener voz y orientar los destinos de la comunidad. Los dineros ilegales rompen además la equidad que debe gobernar la escogencia de los representantes. Más que un desaire a noble y digno candidato, apreciación propia de sociedades estamentales, la ofensa ataca el corazón mismo de la democracia: la igualdad de oportunidades en la formación y el ejercicio del poder público.

Perdonar la trampa electoral puede ciertamente honrar al político altruista. Pero también disculpa su uso. La efectividad de la trampa explica la extendida aceptación de la práctica. Desde Maquiavelo sabemos que el acceso y mantenimiento del poder exigen flexibilidad moral. No obstante, el realismo político en pleno destape del ingreso ilegal de dineros a las campañas de 2010 y 2014 tiene efectos legitimadores del atajo. No es lo mismo que el elegido en apego a las reglas mienta luego como mandatario para proteger a su pueblo, a que use la mentira para acceder al poder y luego pretenda ejercerlo pulcramente.

El reproche a la trampa no tiene como finalidad reparar al lesionado. Su objeto es prevenir que la práctica desviada termine por arraigarse y pervierta todo el sistema. Argumentos utilitarios tampoco vienen al caso. Esto porque la sanción moral y política a la actuación tramposa más que debilitar el proceso de paz lo fortalece. La verdadera paz se construye a partir del respeto efectivo de las reglas del juego del sistema democrático.

El uso inveterado de trampas en la contienda electoral desnuda la ausencia de una real democracia en el país. Este no es asunto menor, así las leyes hagan de la trampa mera infracción administrativa. La respuesta adecuada al grave problema no es el perdón al avivato ni encubrir el peso del dinero en la política. El creciente escándalo de corrupción política justifica un control estricto a las campañas y la sanción efectiva a la trampa, no la normalización del comportamiento venial y antidemocrático por temor al cambio.

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