La verdad pesa más que una celda

Si a algo le tenían recelo los comandantes de las Farc era al encuentro con las víctimas.

Estuve con algunos de ellos, en agosto del año pasado, en la víspera de la llegada del primero de los cinco grupos de víctimas que llegaban en representación de las 60 escogidas para ser la voz de los miles de colombianos a quienes un acto de violencia les cambió la vida. Era un momento de verdad que forzaba a pensar en las personas de carne y hueso afectadas por acciones suyas. Vino el encuentro de Constanza Turbay con Iván Márquez, la única sobreviviente de una familia liquidada por el frente del Caquetá, comandado por Márquez, quien ahora no sólo le daba la cara, sino que le pedía perdón, un perdón sincero a decir de la propia Constanza en una carta pública.

Fueron 60 tragedias las que llegaron de viva voz a La Habana. Momentos de verdad inusuales en el hermetismo insondable de los horrores de la guerra que guerrilleros, militares, paramilitares y financiadores siempre evaden. Una cosa es disparar u ordenar disparar en medio de la locura de la guerra, cuando la dinámica de ataque y defensa lo justifica todo, y otra encarar al deudo, al hijo, al padre, al hermano, al viudo, a la viuda.

La entrada de las víctimas en el escenario de la negociación se convirtió en un factor determinante. El elemento diferenciador de otros procesos del pasado, con consecuencias emocionales y políticas cuyo efecto mayor y contundente se vio en el acuerdo de justicia que selló el apretón de manos de Santos y Timochenko el pasado 23 de septiembre.

Las víctimas están en el centro de este acuerdo. Por primera vez, los afectados por el conflicto, a través de sus organizaciones, tendrán un papel protagónico y activo a la hora de señalar, acusar y pedirles la verdad a los responsables. El sistema de justicia especial propuesto está atado a la realidad de un conflicto de 50 años con evidentes raíces políticas que derivó en una confrontación armada que terminó degradada. Contrario a lo que los detractores piensan, éste permitirá acabar con la impunidad para que todos, y no exclusivamente los guerrilleros de las Farc, asuman su responsabilidad frente a los tribunales especiales.

La ley será benevolente con quienes digan la verdad, pero implacable con quienes nieguen los hechos —pasarán a la justicia ordinaria, donde tendrán que afrontar penas de hasta 20 años—, como ocurre en todos los sistemas. Pero no se trata de cualquier verdad. En la sala de Reconocimiento de Verdad y de Responsabilidad, las versiones de los acusados se cotejarán con la información de la Fiscalía, las asociaciones de víctimas y las ONG especializadas en derechos humanos. Organismos nacionales o internacionales vigilarán las sanciones restrictivas de la libertad, las de tipo restaurativo y reparador.

Se trata de un acuerdo que deja atrás la visión arcaica de justicia punitiva con su base vengativa, que coloca el castigo directamente proporcional al daño causado para que la verdad sea la que mande, dándole oportunidad al victimario para resarcir su daño y rehacer su vida. Esa verdad de fondo que apela a la conciencia del ser humano y que pesa. Mucho más que una celda.