Por: Catalina Ruiz-Navarro

Lado B

“No tiene valor periodístico, es una invasión a la privacidad” fue la rotunda conclusión de la opinión pública en Colombia sobre el video publicado por La F.m el martes, que muestra una conversación entre el entonces senador Carlos Ferro y el capitán Ányelo Palacios, en la que ambos planean un encuentro sexual.

El video fue publicado con la intención de vincular al exviceministro Ferro con la llamada “Comunidad del Anillo”, una presunta red de “prostitución” al interior de la Policía Nacional. Las denuncias por la Comunidad del Anillo implican al general Palomino, hasta ayer director de la Policía, como uno de los líderes de la red. El video coincidió con que la Procuraduría abriera investigación formal contra Palomino, también por cargos de presunto incremento injustificado en su patrimonio y seguimientos al grupo de periodistas que ha venido investigando esta historia, entre ellos, Vicky Dávila, quien reveló el video.

Cabe anotar que no es una red de prostitución, lo de la Comunidad del Anillo sería una red de trata, pues dada la cadena de mandos, los policías presuntamente explotados no podían dar consentimiento expreso e informado. De comprobarse la existencia de la Comunidad del Anillo (y en Colombia estamos acostumbrados a que siempre se compruebe lo peor), estaríamos ante una de las peores crisis institucionales del país: trata, corrupción y hostigamientos a la prensa en la Policía; acoso sexual y laboral en la Defensoría; conflicto de interés en la Fiscalía y persecución a las libertades individuales en la Procuraduría.

Sin embargo, la conversación grabada no tiene valor periodístico porque son dos adultos sin relación laboral directa hablando sobre prácticas sexuales que parecen consentidas, y no da indicios de que haya alguna transacción económica que permita entender el encuentro como prostitución. En cambio, y lastimosamente, el video le resta foco a la importante investigación periodística que se está llevando a cabo sobre lo que sucede al interior de la Policía. En la ponderación sobre los límites de la vida privada de los servidores públicos es importante entender que cualquier práctica sexual consentida entre adultos hace parte de la vida privada; no así si hay un conflicto de poder, o violencia, o coerción, que son delitos y no hacen parte de la privacidad.

Pero es importante señalar que solo los escándalos sexuales han logrado tumbar a los líderes de dos de estas instituciones. En el caso de Otálora, la renuncia, claramente motivada por las pruebas periodísticas publicadas (sus selfies de la hamaca), eran una prueba contundente del acoso. En el caso de Palomino, el escándalo estalló el año pasado. pero fue el video lo que detonó las renuncias. Como lo único que el video prueba —de manera innecesariamente morbosa— es una preferencia sexual, queda la sensación de que el general y el exviceministro renunciaron por homofobia, por los susurros, por los memes, y no por las gravísimas acusaciones de corrupción y de explotación sexual que hay en su contra. Los escándalos (y crímenes) sexuales al interior de nuestras instituciones se facilitan en un contexto generalizado de machismo y homofobia; escenario ideal para el acoso, la explotación, y la impunidad.

Paradójicamente, en el debate público colombiano tenemos la madurez para rápidamente reconocer la falta de ética periodística, y diferenciar entre una prueba y una intromisión a la vida privada. El lado B de este debate es que, en privado y desde el anonimato, reinan los prejuicios, al punto que la homofobia es motivo agregado para que renuncie un general. Ayer en Colombia fue más grave ser homosexual que ser corrupto. Y eso que la corrupción la semana pasada mataba a los niños de hambre. Esto, urgentemente, tiene que cambiar.

@Catalinapordios

Buscar columnista

Últimas Columnas de Catalina Ruiz-Navarro