Las tutelas en salud: ¿equidad en el Gobierno?

Si Alejandro Gaviria no fuera el ministro de Salud, su reacción hace unas semanas a la presentación del informe de la Defensoría del Pueblo La tutela y los derechos a la salud y a la seguridad social 2013 se miraría simplemente como la de un ingeniero-economista (excelentemente capacitado) interesado en la productividad y la eficiencia, a menor costo, de la empresa a su cargo.

Si en su formación hubiera rotado por un hospital, o enfrentado el dilema de la vida o de la muerte en el tratamiento y las consecuencias de las enfermedades, o lidiado con el dolor producido por estas, o se propusiera como proyecto de vida el estado de bienestar de sus pacientes, una sola tutela por desatención de la salud lo angustiaría profundamente.

Los resultados encontrados por la Defensoría del Pueblo en 2013 muestran que los colombianos tuvieron que acudir a 454.500 acciones para evitar vulneraciones de cualquier derecho fundamental, de las cuales 115.147 (25,33%) fueron interpuestas para reclamar violaciones al derecho a la salud. Para Gaviria, esos guarismos son despreciables, porque, en su entender, sólo entre el 2 y 3% de la población colombiana ha interpuesto una tutela, y del millón de eventos diarios en salud, únicamente el 0,1% requirió de tutela. Ese es el enfoque estadístico de un matemático frío, pero del ministro de la Salud se esperaba otra sensibilidad.

Tampoco lo perturbó que los eventos tutelares se hayan incrementado en más del 7% en relación con los reportados para 2012 y que la cifra de este informe sea la segunda más alta en la historia de las tutelas en salud. Con anterioridad, el ministro Gaviria había expresado la incomodidad que le ocasionan las tutelas. En el 4º Encuentro Regional Salud Derecho 2014, que conmemoró el aniversario de la sentencia T-760 de la Corte Constitucional, conocida como la supertutela en salud, dijo que la Corte está haciendo política pública, que ha generado un proceso dialéctico en el cual todos los días hay nuevas formas de ver la discusión, que es un proceso sin regulación, que por ponerse a atender tutelas, los jueces han dejado de cumplir con su labor y se ha desnaturalizado su función, que hasta definen una cita médica, que la sentencia no ha dejado que el Gobierno administre la salud, estableciendo una dictadura judicial.

En el trípode de la propuesta de Santos para su segundo gobierno, la salud quedó sepultada en el fondo del cajón de la equidad, concepto hasta ahora retórico que en el caso de las tutelas no está siendo valorado adecuadamente por los agentes del Gobierno. La interpretación objetiva es que las tutelas son un indicador específico de la inequidad del sistema de salud, que margina a la población más vulnerable del goce pleno del derecho al acceso a los servicios de salud y no tiene otro camino que ese recurso jurídico para lograr su protección.

Es inequitativo que el 70% de las solicitudes tuteladas estaban incluidas en el Plan Obligatorio de Salud (POS) y habían sido previamente pagadas por la Unidad de Pago por Capitación (UPC). También lo es que la justicia no haya castigado a los culpables de esas desviaciones de los recursos públicos de la salud de los colombianos.

Santos y su ministro deben aceptar que continúan los problemas en materia de goce efectivo del derecho a la salud, que reflejan dificultades estructurales del sistema y persistirán por los próximos cuatro años, si no se cambia el modelo de la salud como negocio. Esa transformación atañe al contenido de la paz: equidad y justicia.