Legislar

Iván Mejía Álvarez
04 de junio de 2017 - 01:49 a. m.

La dirigencia se niega tozudamente a aceptar su cuota de responsabilidad en el tema de las Barras Bravas. El rechazo absoluto al intento de Perdomo de condenar a los dirigentes involucrados con los maleantes disfrazados de camisetas, cualquiera sea su color, es una demostración palmaria que para ellos el tema es de otros agentes externos.

No importa que en el camino haya pruebas fehacientes de su convivencia con los delincuentes. Boletas, negocio de la reventa, venta de material publicitario de los clubes, camisetas, patrocinio de buses cargados de barras bravas repartiendo desolación y tristeza por los caminos el país.

Ahora han enfilado baterías contra el gobierno y cuando se busca en el fondo lo único que quieren los dirigente es sacar billete. Son ávidos, quieren dinero y dinero, el poder manejar unas partidas estatales en la lucha contra los barras bravas los tiene alerta. Perdomo lo sabe y él, que se mueve muy bien en las esferas de las reuniones con viceministros, alcaldes y gobernadores, anda feliz dándose la pantalla que tanto le gusta.

Carnetizar, controles biométricos y otros términos de moda hacen parte del lenguaje que se viene utilizando en la gran campaña por erradicar la violencia. El mismo cuento de hace años, el mismo verso que se manejó cuando Vargas lleras , encantador de serpientes, se pavoneo por los medios de comunicación con una ley antiviolencia que no ha servido para nada. Los siguen deteniendo y a las pocas horas están en la calle.

Y aunque parezca loco e irracional, el único funcionario que se ha tomado las cosas en serio es Maurice Armitage , el alcalde de Cali, quien ha sido claro en advertir que no presta más el Pascual Guerrero hasta tanto los equipos y la Dimayor no presenten un plan de seguridad absoluto que garantice que el fútbol no se convierta en factor de destrucción y barbarie en la ciudad donde él gobierna.

La verdad es que la dirigencia del fútbol no ha podido encontrarle soluciones al tema, que no es sólo un problema de fútbol, es una muestra clara de una juventud llena de problemas sociales que somatiza alrededor de unas camisetas.

El gobierno parece más preocupado, la Dimayor mira alarmada como el tema se le sale de las manos, pero los dirigentes de los equipos siguen en las mismas. No se quieren hacer cargo de sus miserablezas.

El comité de apelaciones en sus providencias sobre las sanciones a Cali y América llamó la atención en un detalle: no hay legislación suficiente, no hay armas para controlar jurídicamente el tema y el primer paso debería ser ese: dotar de mecanismos coercitivos a los tribunales correspondientes.

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