Por: Nicolás Rodriguez

Leguleyada negacionista

Cuando Rafael Nieto Loaiza afirma, en el mismo tono patriótico y redentor con que escribía las columnas de opinión más aburridas en la historia de Semana, que si no era él nadie más iba a defender al Estado en el tema del Palacio de Justicia, lo que realmente está diciendo es que era de los pocos dispuestos a hacerle la vuelta a los militares de una manera tan desvergonzada.

Desafortunadamente al Estado se lo quiere defender, en esta y tantas ocasiones, de las víctimas. Y no de todas las víctimas, por supuesto. Se lo defiende, a cualquier precio (incluido el del ridículo ante la escena internacional), de las víctimas de la desaparición forzada y la violencia ejercida por las fuerzas del orden. Otro sería el panorama, sin embargo, al hablar de las abominables minas antipersona, o de los niños raptados por los grupos armados ilegales.

 

En los numerosos casos en que la desaparición corre por obra y desgracia de las guerrillas, el Estado ha aprendido a transitar, feliz y estratégicamente, del negacionismo al reconocimiento. Y ello en tiempos de Ley de Víctimas y justicia transicional, con sus burocratizadas odas a la verdad, la reparación y la no repetición.

 

Lo hecho por Nieto con la memoria de los desaparecidos del Palacio de Justicia y la dignidad de sus familias, en nombre (y defensa) del Estado colombiano, no fue apenas “desafortunado”, como lo exclamó algún crítico. Ni tan siquiera “inconveniente” o “innecesario”, que es como otros analistas, igualmente recatados, han querido rechazar la intromisión del negacionismo en el alegato jurídico oficial.

 

La salida en falso del Gobierno y su tinterillo de cabecera, de quien además se dice impunemente que es un experto en derechos humanos (que cobra más de 400 millones por perder negando), mina por completo la autoridad moral del Gobierno y sus emisarios en la Habana para exigir, por ejemplo, que cesen los secuestros. ¿O es que acaso la desaparición forzada no es, también, una forma de secuestro?


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