Por: Eduardo Sarmiento

Ley de formalización y primer empleo

El proyecto del Gobierno está representado en dos partes.

La creación de incentivos a las Pymes, en la forma de exenciones a los pagos parafiscales, a cambio de que se legalicen. Segundo, se les permite a las organizaciones que contratan trabajadores que ingresan por primera vez al mercado laboral descontar de los impuestos los pagos parafiscales y aportes de salud.

Infortunadamente, las decisiones no están basadas en un buen diagnóstico. En los últimos 10 años el país se vio abocado a un alto desempleo que en la crisis de 2008 explotó en un disparo en la informalidad. En sus datos más recientes, el DANE indica que el aumento del subempleo es tres veces mayor que el del empleo.

La explicación tradicional de que los trabajadores no consiguen empleo por las rigideces laborales no es cierta. La industria ha experimentado un gran aumento de la productividad en los últimos 10 años. Está en condiciones para captar el empleo disponible a los salarios legales. No lo hace porque es preferible sustituir la producción nacional y el empleo por importaciones de bienes intermedios e, incluso, por bienes de capital. La falla no está en el salario, sino en el abaratamiento de las importaciones.

No es fácil entender la racionalidad de la fórmula. En el primer caso el Gobierno no va más allá de ofrecerles a las empresas algunas de las ventajas que hoy obtienen, como las exenciones a parafiscales e impuestos a la renta e IVA; no tienen ninguna compensación por los impuestos municipales y mucho menos por la elevación de salarios. La formalización les significa más costos que beneficios. En el caso del primer empleo, las empresas se verían estimuladas a sustituir trabajadores maduros por jóvenes. La medida contribuirá más a cambiar la composición del empleo que a generar nuevos puestos de trabajo.

La receta resulta barata. La exención a las empresas informales no significa ninguna erogación y el descuento tributario por la contratación de jóvenes tiene un costo fiscal de 9% del salario por trabajador formalizado. En cualquier caso, el monto del subsidio no es más de 0,5% del PIB.

La solución no guarda relación con el problema del desempleo y la informalidad que abarca a 9 millones de colombianos y afecta 20% del producto nacional. El subsidio no mejora las condiciones de estos trabajadores y no alcanza a compensar siquiera la revaluación.

La ineficacia de los derechos fundamentales como medio para reducir la inequidad se encuentra en la negativa de los gobiernos a comprometer la política macroeconómica en su cumplimiento. Como ocurrió en salud y educación y ahora con el derecho al empleo, no se va más allá de designar partidas de corte asistencialista que no resuelven las causas estructurales.

En varias oportunidades señalé que el mecanismo del subsidio al empleo y la informalidad sólo era viable dentro de la creación de un gran fondo apoyado con recursos del sector financiero y del Banco de la República. Sólo así se puede esperar que los trabajadores de salario mínimo e informales experimenten una elevación de sus ingresos que les permita adquirir los bienes que están que capacidad de producir.

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