Por: Felipe Zuleta Lleras

Liberales y conservadores

AUN CUANDO EL TÍTULO DE ESTA columna lo sugiera, no pienso en esta oportunidad hablar de política ni de elecciones.

Quiero aprovechar las audiencias que se llevaron a cabo en la Corte Constitucional el pasado jueves, relacionadas con la posibilidad de que los gais puedan contraer matrimonio en igualdad de condiciones a los heterosexuales. La verdad, para mi sorpresa, encuentro una mejor disposición sobre el tema. Empezando por los funcionarios del Gobierno, los señores ministros de Justicia y del Interior, y el consejero para los derechos humanos, Rodrigo Rivera. Se nota que en este tema ha habido claras instrucciones del presidente, aun cuando es una lástima que él no se haya pronunciado más claramente sobre el asunto que, por lo demás, tiene que ver con al menos cuatro millones de colombianos.

Tampoco sorprenden las posiciones antagónicas del fiscal general, doctor Eduardo Montealegre, y del procurador Alejandro Ordóñez. Es claro que el fiscal es una persona de estirpe liberal, educado en una universidad liberal como el Externado de Colombia y con doctorados de un país civilizado como Alemania. Esta semana ha dicho el fiscal que el derecho de los gais a casarse es de rango constitucional, que no admite discusión en contrario. Y coincido con él. Desde la Fiscalía, y aun desde antes, ha sido un gran defensor de los derechos de las minorías. Y eso, por supuesto, es lo que ha instruido a sus colaboradores. Por su parte, el procurador tiene una tradición conservadora, religiosa, que trae desde que pasó muchos años por un seminario en donde estuvo a punto de convertirse en sacerdote. Él no cree sino en las familias conformadas por hombre y mujer y, por lo tanto, esa filosofía es la que les ha ordenado defender a sus funcionarios. Respeto al procurador, pero me temo que los hechos y las realidades lo desbordaron.

Sólo baste con ver la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos, en donde hasta los magistrados más conservadores entendieron que los gais pueden casarse. Este es uno de los típicos casos en que las sociedades hacen que el derecho se quede rezagado, siendo los jueces constitucionales quienes deben adecuarlo a las realidades. En Colombia la Corte Constitucional lo ha hecho en varias oportunidades, pero por alguna razón siempre ponen unas trabas que el Congreso no ha querido asumir. Es decir, que sí, pero que no. Con muchas limitaciones que permiten que los jueces y notarios interpreten la ley según sus creencias religiosas. Tiene ahora la Corte una oportunidad única para mandar un mensaje de trasparencia en lo que tiene que ver con sus actuaciones. Tiene igualmente el magistrado Jorge Pretelt una posibilidad real de hacerle entender al país que sus providencias se ajustan estrictamente a lo ordenado por la Constitución.

Queda esperar que la Corte demuestre que está a la altura de un país que está muy aburrido con la intolerancia y la violación de sus derechos fundamentales.

 

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