Libertad de elegir sin libertad de decidir

El Gobierno Nacional anunió la desconcentración del Departamento Nacional de Planeación (DNP), sin duda un paso muy acertado para impulsar el anquilosado proceso de descentralización.

El propósito es llevar capacidad técnica en planeación y formulación de políticas públicas a las regiones.

Antes de 1991, los recursos de los departamentos y municipios se definían en el presupuesto general de la Nación, que era aprobado por el gobierno nacional y los congresistas, pues era lógico que bastara con un órgano central de planeación. Así como el dinero público se ejecutaba desde el centro, pues se planificaba desde el centro.

Con la Constitución de 1991 se entregaron recursos de la Nación —por derecho propio y con periodicidad (transferencias distribuidas por fórmula matemática)— a las entidades territoriales, que también empezaron a gozar de rentas propias, como el impuesto de industria y comercio (en el caso de los pocos municipios ricos del país).

En el momento de descentralizar el dinero en las entidades territoriales, lo lógico hubiera sido que la planeación se hubiera desplazado a las regiones para ayudarlas a gastar correctamente sus nuevos ingresos. ¿Cómo seguir planificando desde el centro lo que ahora se ejecutaba en las regiones?

Para un Estado, descentralizar recursos y competencias es básicamente entregarle la ejecución de competencias y recursos públicos a un tercero (municipio, empresa pública, etc.). El hecho de desprenderse de la ejecución directa de una competencia, no significa que el Estado central se ensimisme en la capital, y se desentienda de vigilar y planificar la ejecución que hace ese tercero de la competencia o de los recursos asignados.

Para gobernar correctamente un país descentralizado, un Estado central debe adaptar su planeación y sus controles a la nueva realidad descentralizada. Si no lo hace bien, y permite un libertinaje en la ejecución de los recursos públicos, la descentralización entra en crisis porque pierde la confianza popular.

Es así como en muchas regiones se han construido piscinas de olas y se han perdido miles de millones por la corrupción. La reacción del Estado central ante estos derroches ha sido torpe: en lugar de mejorar los controles y el acompañamiento, ha optado por limitar la autonomía de las entidades territoriales y recentralizar.

En 1993, cerca del 20% de los recursos transferidos a los alcaldes eran de libre destinación; hoy en día, casi el 100% de esas transferencias se gastan como lo indica el gobierno central. En otras palabras, en los municipios hay dinero transferido pero no libertad para gastarlo. La descentralización consiste, más que en transferir recursos, en tener la libertad para decidir cómo gastarlo. Hoy los alcaldes son simples correas de trasmisión del Estado central: ¿qué sentido tiene elegir alcaldes con mandato popular, si el único mandato que pueden cumplir es el de un centralismo que les indica cómo gastar hasta el último centavo transferido? Desconcentrar el DNP es un primer paso para retomar el rumbo de la descentralización. El siguiente paso es adaptar y mejorar los controles.