Licitaciones al revés

El sentido común dice que entre bienes y servicios de igual calidad, el Estado debería escoger la oferta más conveniente, la que tenga menores costos. Esto, infortunadamente, es una rareza en Colombia.

Las normas de contratación no han establecido un criterio claro para determinar qué oferta debe ganar una licitación. Por una parte, empresas serias como EPM sí asignan sus contratos a las mejores propuestas. Por otra, en las semanas pasadas se conoció que en una licitación de servicios, Bogotá rechazó una propuesta porque era la más barata. En apoyo de esta práctica, se dice que algunos oferentes hacen propuestas demasiado bajas sólo para ganar, y que una vez firman el contrato, renegocian y suben el precio tanto como quieren. Con esta excusa, se escoge de manera arbitraria a los ganadores.

De acuerdo con esta manera de pensar, desde hace años, el Ministerio del Transporte ha optado por dos caminos exóticos. El primero consiste en calcular promedios y medianas con los precios de las ofertas presentadas, con el objeto de excluir los valores extremos, altos y bajos, y declarar ganador al oferente que presente algún valor intermedio. El segundo es rifar, después de haber recibido los sobres, la manera de evaluar las ofertas. A falta de un criterio técnico, es el azar el que decide si se adjudica la licitación a la oferta más baja, a la del promedio o a la que cumpla otra característica.

Todo esto es absurdo: (i) el Estado renuncia, de entrada, a escoger las ofertas más convenientes, por temor a aquellas artificialmente bajas, llamadas temerarias; (ii) enfrentados a rifas y promedios, los proponentes serios no saben cómo confeccionar sus propuestas: dependen de la suerte, adivinan y tratan de estimar el valor de las ofertas de los demás; (iii) como se ha observado en numerosas oportunidades, las reglas actuales crean enormes incentivos para la colusión.

A diferencia del colombiano, otros gobiernos incentivan la competencia entre proponentes idóneos y adjudican las licitaciones de acuerdo con el precio más bajo de bienes y servicios de calidad semejante. Se aseguran, eso sí, de que no habrá posteriores cambios contractuales en contra del Estado: (i) se prohíben las renegociaciones o éstas se limitan a casos verdaderamente extraordinarios; (ii) se establecen, de antemano, cláusulas estrictas para desincentivar las ofertas temerarias. No se rechazan las propuestas inferiores a las demás, pero a ellas se les exigen garantías adicionales y/o mayores aportes de capital (de tal manera que se obligue a cumplir lo ofrecido por los proponentes bajo sospecha de ser temerarios).

Lo peor de la experiencia colombiana es que el uso de medianas, promedios y rifas no ha impedido las frecuentes y escandalosas renegociaciones en contra del Estado. El problema radica en el diseño de los pliegos y, sobre todo, en las condiciones de los contratos, las exigencias de capital, seguros y garantías. Si se corrigieran estos problemas, Colombia podría escoger sus licitaciones de acuerdo con los precios más atractivos, los que ofrezcan mayores ahorros y sean más convenientes para el país.

Por todas estas razones, la Comisión de Infraestructura que convocó el presidente de la República, conformada por miembros independientes, recomendó que se revise y se corrija la peculiar forma en que hoy se adjudican las licitaciones en Colombia.