A llorar

Los pronunciamientos ante hechos, como el uso de gas lacrimógeno en la manifestación de personas con discapacidad, serían voces de aliento para quienes aún creemos en la posibilidad de la participación democrática y pacífica de todos los ciudadanos sin restricciones por condiciones, o por situaciones, particulares.

Por Rafael Pabón García*

Hemos visto estupefactos la utilización de gases lacrimógenos y del Esmad para controlar la movilización realizada el pasado 19 de abril en la Plaza de Bolívar, con el fin de protestar por la reciente decisión de la Administración Distrital de reducir los subsidios al transporte y a otros servicios sociales de los que las personas con discapacidad han venido siendo beneficiarias. No se necesitan complejos argumentos, ni se requieren juicios elaborados, para concluir que es un despropósito el uso de escuadrones especializados de la policía y de métodos estrictos de control de desórdenes sociales contra una protesta de carácter pacífico y democrático. Resulta absurdo no sólo por ser una fuerza excesiva contra personas en “condición de vulnerabilidad”, -como han insistido algunos comentaristas que sin quererlo terminan realzando la minusvalía y la visión lastimera con la que el imaginario social asume a esta población-, sino principalmente porque se trató de la represión desmedida a una movilización en la jamás hubo desmanes y en la que en ningún momento se atentó contra la convivencia y la seguridad ciudadana.

Por lo anterior no es suficiente para superar la perplejidad e indignación ante los hechos sucedidos frente al Palacio de Liévano que el Alcalde Enrique Peñalosa, su secretario de Seguridad y el comandante de la Policía Metropolitana señalen ahora que se trató de un error individual y aislado. Tampoco basta que estos altos funcionarios, con gran solemnidad y arrepentimiento, pidan disculpas y anuncien investigaciones severas. Al fin y al cabo, no es mucho lo que se puede esperar de estos procesos de investigación en una Administración Distrital tan acostumbrada a asumir a cualquier manifestación de los ciudadanos como actos de subversión.

Nos queda, eso sí, esperar algún pronunciamiento de las llamadas “Entidades de Control”. No es desmedido aspirar a alguna acción por parte de la Procuraduría, de la Personería, o de la Defensoría del Pueblo. Incluso se puede cometer el exceso de ingenuidad de anhelar algún tipo de posición de la silenciosa, inútil y anónima Veeduría Distrital, entidad que en el pasado reciente promovía con fogosidad la organización y la participación de las personas con discapacidad, pero que ahora se esconde tras su propio un silencio ante cualquier acción de la Alcaldía. Parecería que la Veeduría optó por garantizar su propia sobrevivencia haciendo invisible su presencia en la ciudad.

Los pronunciamientos ante estos hechos, así como al menos alguna declaración por parte de las instancias creadas por la Ley para la representación y la participación de las personas con discapacidad, serían voces de aliento para quienes aún creemos en la posibilidad de la participación democrática y pacífica de todos los ciudadanos sin restricciones por condiciones, o por situaciones, particulares. También serían un estímulo para quienes consideran legitimas a las “solicitudes respetuosas” de los ciudadanos, incluso a sus críticas a quienes los gobiernan. En particular es deseable que el Consejo Nacional de Discapacidad, que el Comité Distrital de Discapacidad y que el mismo Programa Presidencial de Discapacidad hagan sentir su posición y actúen en ejercicio de su misión de servir de enlace entre la población con discapacidad y las entidades gubernamentales. Con ello contribuirían a que las personas con discapacidad no se llenen de más razones para pensar que su derecho al ejercicio de la ciudadanía y a la participación no es más que un discurso hilado bellamente pero que, como cualquier utopía, resulta imposible de realizar en la práctica concreta.

Más allá de estas deseables manifestaciones y de todas las declaraciones que se puedan demandar, los hechos sucedidos en la Plaza de Bolívar son una oportunidad para que la sociedad colombiana reflexione acerca del alcance y del sentido de las políticas de discapacidad. La promesa de la reducción de las barreras que impiden la plena participación y el ejercicio en igualdad de los derechos de las personas con discapacidad, la aspiración de superar las formas de exclusión y el sueño de una sociedad incluyente se enfrentan día a día a una realidad obtusa. La madre que busca una oportunidad educativa para su hijo, el adulto que aspira el acceso a un empleo digno, el anciano que solicita a un servicio de salud integral, las mujeres que desean ejercer la maternidad, las parejas que sueñan con construir una familia, o los jóvenes que esperan contar con un transporte accesible, son apenas unos ejemplos de las múltiples barreras y de las muchas formas de exclusión que enfrentan los millones de colombianos con discapacidad sólo por su condición.

Las respuestas del Estado y de la sociedad son aún fragmentarias, eventuales y limitadas, pues la opción política sigue determinada por el asistencialismo y por la conmiseración. Las entidades estatales pretenden compensar la discriminación y la segregación sólo con subsidios y con acciones compensatorias que, por mucho esfuerzo que impliquen, no alcanzan a transformar las formas de exclusión que vivimos. La incapacidad de crear respuestas estructurales para garantizar la equidad social y la igualdad de oportunidades se enfrenta sólo con la entrega de fondos públicos a los individuos que se etiquetan como “vulnerables”. La falta de empleo se soluciona con la distribución de recursos para mercados; la inexistencia de programas educativos inclusivos encuentra como respuesta el pago de matrículas en colegios privados en los que no siempre se cuenta con las adecuaciones y con los apoyos requeridos; a la falta de viviendas adaptadas se responde con el pago de algunos meses de alquiler; las limitaciones en las ofertas de salud se apañan con subsidios que cubren apenas las necesidades básicas; la falta de acceso a los espacios públicos se quiere superar decretando la gratuidad en un número determinado de pasajes en el limitado servicio público de transporte de nuestras ciudades.

Sin embargo, siempre son mayores las necesidades que los recursos. Siempre pueden surgir nuevas prioridades para la inversión de los recursos públicos. Los subsidios son frágiles y eventuales. Se ven sometidos al vaivén político y a los intereses de quienes tienen la responsabilidad de manejar los presupuestos oficiales. Por estas y por otras razones durante un tiempo circulan a raudales estos apoyos gubernamentales que se entregan a particulares, mientras que, en otros momentos, en la mayoría de ellos, aparecen las restricciones y la imposibilidad de la entrega de los esperados subsidios. Sólo hay mercados para unos meses, las matriculas no se pueden cubrir durante todo el año escolar, los hospitales no atienden de manera permanente, se pierden los empleos por la ausencia de los auxilios públicos y, como ha venido sucediendo en Bogotá con los hechos que generaron la protesta del pasado 19 de abril, los pasajes gratuitos, o a menor precio, en el transporte público se limitan.

Como expresaba el reconocido educador canadiense Gordon Porter, quien durante toda su vida ha iluminado procesos de educación inclusiva a lo largo y ancho del mundo: “las personas con discapacidad no necesitan vivir de nuestros impuestos, lo que ellas necesitan, y quieren, es poder pagar los suyos”. Ojalá los absurdos hechos sucedidos durante la protesta de algunas personas con discapacidad sean la ocasión para llamar la atención sobre las profundas transformaciones a las que están llamadas las políticas orientadas a asegurar los derechos de las personas con discapacidad. La inclusión social, la garantía de condiciones para que todos puedan llevar vidas autónomas e independientes, y la reducción de las barreras que llevan a la exclusión requieren de adecuaciones y de apoyos que en mucho superan los paliativos que son los subsidios estatales. De no tomar conciencia en ello continuaremos con los enfrentamientos y perpetuaremos las formas de clientelismo bajo las cuales en muchas ocasiones se entregan estos recursos públicos. Esperemos que los responsables de los programas de discapacidad en las entidades territoriales y del gobierno nacional así lo entiendan. Como también es de esperar que los líderes de las organizaciones y las mismas personas con discapacidad asuman que sus objetivos no se agotan en la solución temporal y limitada de ciertas necesidades. De lo contrario, estaremos condenados a las lágrimas que las acciones contestatarias implican en medio de autoridades que piensan que los gases lacrimógenos son herramientas pertinentes para la ejecución de políticas sociales.

*Miembro de la Coalición Colombiana por la implementación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD).

rafael.pabon.g@gmail.com