Por: María Teresa Ronderos

Locomotoras sin riel

Con la credibilidad maltrecha, después de que fracasara su intento de copiar el discriminador sistema chileno de educación superior con ánimo de lucro, la ministra María Fernanda Campo ha recorrido el país reuniéndose con todo el mundo.

Repite que cumple la promesa que les hizo a los estudiantes hace un año de que la nueva reforma educativa sería fruto de la participación. Después ha aclarado que tal vez no será una reforma por consenso.

Los estudiantes agrupados en la Mesa Amplia Nacional Estudiantil (MANE) no se contentan con que el Gobierno se haga el que los está escuchando. Y mucho menos cuando no respalda su retórica con plata. ¿Cómo graduar a buenos profesionales cuando los edificios y el amoblamiento de tantas universidades estatales están en ruinas, escasean los profesores de planta y la tecnología con la que aprenden es de la era de los Picapiedra?

Además, hoy es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja a que un estudiante pobre entre a la universidad pública sin quedar como Luis Eduardo de la Ossa, quien, según Portafolio, pidió prestados al Icetex 38 millones de pesos para estudiar medicina en Barranquilla y ahora debe 161 millones.

Según los cálculos de la MANE, los 2,6 billones de pesos que destinará el Gobierno a las universidades estatales en 2013 alcanzan a cubrir un poco más del 50% de los costos y están lejos de cubrir el déficit acumulado en la última década. En estos años, las universidades ampliaron sus cupos considerablemente, pero el gasto público en educación superior se mantuvo en el equivalente al 1% del PIB.

Pero la MANE no se ha sentado a esperar a que el Gobierno se conmueva. Haciendo gala de la sensatez que los ha caracterizado desde que se alzaron, los estudiantes han seguido con disciplina con su protesta creativa, a la vez que han ido cocinando, con cifras e investigación, su propia propuesta de reforma educativa.

Según la exposición de motivos de su proyecto de ley, que publicaron hace unos días, quieren una educación superior que respete la dignidad y la autonomía de estudiantes y profesores; una que sea adecuada a las diferentes realidades regionales, que invierta poderosamente en mejorar la oferta de cupos educativos en entidades públicas de calidad y no se centre en financiar la demanda, que tiene hoy a 16.000 profesionales al borde de no poder pagar sus carísimos créditos al Icetex. Ya bajaron los intereses para los estratos más pobres, pero sólo eso no alcanza.

No lo resuelven todo con su propuesta. Piden autonomía, pero no dicen cómo evitar la corrupción que vimos en muchas universidades públicas; dicen que con el TLC, un negociante extranjero con ánimo de utilidades podrá ofrecer educación de cualquier calaña, sin que el Gobierno lo pueda regular, pero no dicen cómo contrarrestar eso.

Su esfuerzo, sin embargo, vale la pena, sobre todo porque piden que la educación superior sea gratuita. Suena radical, pero en realidad sería obvio para un gobierno que esté pensando con honestidad en cerrar la brecha de la desigualdad (una de las peores del mundo), mejorar la innovación, profundizar la democracia y erradicar la violencia. Si en lugar de gastarse cuatro puntos del PIB en guerra y uno en educación superior fuera al revés, veríamos emerger en la próxima década, ahí sí es cierto, la prosperidad democrática. Pero a juzgar por la debilidad de la gestión educativa, las migajas que ofrece y el conejo que les ha puesto a los estudiantes, el gobierno Santos quiere echar a andar sus cinco locomotoras pero no está dispuesto a tender los rieles.

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