Por: Mauricio Rubio

La locura del debate sobre el aborto

"La interrupción del embarazo no tiene nada que ver con la salud mental", afirma la presidenta de la Asociación Española de Neuropsiquiatría.

No es una opinión desinformada. Surge tras 25 años de experiencia española con clínicas de aborto que tramitaron a la ligera certificados que justificaban el procedimiento para no afectar mentalmente a la mujer embarazada.

Las reacciones ante la investigación penal a Carolina Sabino por interrumpir su embarazo desnudaron el alucinante debate colombiano. De quien se esperaban aplausos y apoyo irrestricto a la judicialización llegó un tajante desacuerdo. Político hábil, el procurador sabe que un juicio por aborto con amplia difusión es un bumerán. Sin mucho qué decir ni opinar, varios medios se limitaron a recordar que el procedimiento es legal en tres casos realmente inusuales y a repetir las fantasiosas cifras sobre abortos clandestinos. El fiscal evadió los abusos de sus sabuesos y buscó finiquitar el incidente con una perogrullada: para proteger los derechos de la mujer toca cambiar la legislación.

Las palmas del oportunismo y la incongruencia se las lleva el activismo con la pretensión que el caso entraba en las excepciones de la sentencia C355 de la Corte Constitucional. La jurisprudencia es como 2 % progresista contra 98 % goda y represiva: durante su vigencia, aumentaron los abortos judicializados; entre centenares de sindicadas anónimas al año Carolina es la primera famosa. Con voluntarismo y piruetas retóricas, el escenario de prohibición con excepciones se transformó en despenalización. La novedosa doctrina es que una de las salvedades basta para justificar cualquier interrupción: un embarazo no deseado es siempre angustioso y por lo tanto atenta contra la salud mental. Así, desde 2006 el aborto estaría legalizado, pero las autoridades no han interpretado bien la sentencia. Proponiendo una “discusión seria y académica para presentar un proyecto de ley” que despenalice el aborto, el fiscal desbarató el castillo de naipes y obtuvo como respuesta que no se metiera en un asunto de mujeres.

La militancia pretende seguir el tortuoso camino de España, donde en 1985 se aprobó una ley que despenalizó parcialmente el aborto en tres situaciones específicas, las mismas de la sentencia colombiana. La legislación fue criticada desde el principio pues no tenía en cuenta la decisión de la mujer. En 1987 una organización cercana al Opus Dei denunció penalmente a unas ginecólogas por un aborto, alegando que no entraba dentro de las excepciones. Temerosos de demandas similares, los hospitales se negaron a practicar abortos y muchos médicos se declararon objetores de conciencia. Surgieron entonces centros especializados que adoptaron una interpretación laxa del supuesto “peligro para la salud psíquica de la embarazada”.

La práctica se hizo común y el número de interrupciones se sextuplicó en dos décadas. Para atenderlas se consolidó un subsector dedicado a la operación. Casi todas las intervenciones se hicieron aduciendo riesgos para la salud mental, certificados por médicos de los mismos centros privados especializados. Los opositores siempre señalaron que era una coladera. En 2010 los socialistas enmendaron la legislación introduciendo la verdadera despenalización, el sistema de plazos: es la mujer quien decide dentro de unos límites de tiempo. Hasta entonces, las españolas dependieron de intermediarios que poco legitimaron la interrupción como decisión personal. Recientemente, el Partido Popular estuvo a punto de cambiar el sistema de plazos por uno de excepciones aún más restrictivo.

La experiencia española ilustra la confusión e incertidumbre cuando la legalización no se busca de frente. Una crítica al sistema de excepciones por sus “contradicciones insalvables”, la hizo Simone Veil cuando en 1974 defendió el proyecto de ley francés. Si las condiciones de excepción se definen de manera precisa y se respetan, la nueva legislación será irrelevante pues la proporción de esos abortos es muy baja. Pero si se toleran grietas no se ganará legitimidad. Así, es “preferible enfrentarse a la realidad y reconocer que en última instancia la decisión final sólo puede ser tomada por la mujer”.

Se pueden prever secuelas de esta ronda del bizantino debate local. Sin la presión mediática y política de una estrella en el banquillo, la propuesta del Fiscal fenecerá. Las clínicas clandestinas ofrecerán el diagnóstico de salud mental para el certificado redentor, que encarecerá el procedimiento. El activismo seguirá sorprendido ante la persistente y bajísima demanda por abortos legales, incluso con psicología de vanguardia. Nadie hablará de cómo cientos de miles de colombianas reales han interrumpido sus embarazos, y lo seguirán haciendo, al margen de una jurisprudencia engorrosa e irrelevante.

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