Por: Yesid Reyes Alvarado

Los alcances de la extradición

Recientemente se ha vuelto a cuestionar el mecanismo de la extradición, porque un ciudadano colombiano que había sido enviado a Estados Unidos para su juzgamiento fue absuelto allí.

Frente a esa decisión hubo quienes criticaron a la Corte Suprema por haber autorizado la entrega de ese individuo a las autoridades norteamericanas.

En su manifestación más simple, esta figura sirve para que quienes hayan delinquido en el exterior no puedan escapar de la justicia refugiándose en Colombia, aduciendo que aquí no han infringido la ley. Cuando respecto de esa persona existe una acusación o una condena proferida en el lugar donde cometió el crimen, la solicitud consiste en que se la envíe allí para que afronte el juicio o cumpla la sentencia que se le haya impuesto. Nuestra Corte Suprema debe emitir un concepto sobre la viabilidad de ese requerimiento, pero sólo en cuanto al cumplimiento de determinadas formalidades legales, como por ejemplo que la conducta por la que se lo persigue sea delito en los dos países, que no haya sido juzgado por esos mismos hechos, o que exista en su contra una resolución acusatoria.

En lo que atañe a la responsabilidad penal, la Corte no tiene competencia para pronunciarse porque las actuaciones objeto de investigación no ocurrieron en nuestro territorio, ni aquí se recopilaron las pruebas, ni se formularon los cargos. De lo que se trata es, precisamente, de obligar al procesado a comparecer ante su juez natural para que allí ejerza su derecho de defensa frente a las autoridades de la nación que lo acusa, por acciones desplegadas en ese lugar. Si resulta absuelto no puede hablarse de fracaso, porque la finalidad de esta figura se agota con la entrega del procesado a la nación donde se lo juzga, sin pronunciarse sobre su participación en el delito. La Corte actúa aquí como el policía que al recibir una orden de captura para poner a alguien a disposición de una autoridad judicial se limita a verificar la autenticidad y legalidad de la misma, sin que sea de su competencia analizar las pruebas que sirvieron de soporte para proferirla.

Un escenario más complejo se presenta cuando se pide la entrega de quien cometió un delito tanto en el país requerido como en el requirente, lo que suele ocurrir en materia de narcotráfico. Si la sociedad confía poco en la eficiencia de su propia justicia tiende a magnificar la extradición en estas hipótesis, considerándola no sólo un mecanismo de colaboración interestatal, sino una verdadera sanción. Más confusión suele generar el hecho de que quien delinquió en Colombia y Estados Unidos sea enviado allí para su juzgamiento, mientras por los mismos comportamientos no se le adelanta aquí ninguna investigación. En estos casos sirve para desnudar fallas de nuestro sistema penal, que deberían corregirse para garantizar que todos los infractores de la ley sean investigados y castigados oportunamente y con la severidad que amerite su conducta. Sólo así podrá recuperar la extradición su verdadera naturaleza de instrumento de cooperación internacional, para dejar de ser considerada como una forma de pena aplicada a nuestros ciudadanos por autoridades extranjeras.

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