Los carteles de vivienda

Definitivamente la crisis de vivienda en nuestro país es tema de nunca acabar. Las denuncias que vienen haciendo diferentes medios de comunicación cada vez arrojan más sorpresas.

Ahora resulta que fuera de los carteles de remate han aparecido los de desalojo y de diligencias judiciales; quién sabe cuántos más aparecerán como hienas hambrientas para engullirse sin ningún pudor y vergüenza la ilusión que tanto trabajo ha costado a millones de familias colombianas.

El Señor Ministro de Ambiente y Vivienda, se ha pronunciado al respecto, pero, sin fijar posición clara de lo que debe hacer el Gobierno con mas de dos millones de Colombianos que en los actuales momentos son deudores morosos, y están a punto de truncar el sueño de toda su vida y el de su familia, puesto que sus viviendas, se encuentran ad – portas de ingresar, a los eso sí, diligentes Juzgados, para remate y ser entregadas a las orgías de mercaderes que no les importa acabar con el bienestar y futuro de toda una familia. Esto sin contar con las casi cien mil diligencias judiciales de desalojo que se encuentran represadas en los diferentes juzgados del País y más de doscientos mil procesos judiciales que están en curso o a punto de iniciarse.

Definitivamente podemos decir sin temor a equívocos, que, en Colombia, no existe una política integral de vivienda. Para que el Estado cumpla con este deber y función social, es indispensable que busque por todos los medios mecanismos adecuados que permita que la vivienda sea el objetivo primordial de toda familia y forme parte del primer coeficiente social de desarrollo.
Lo primero es, meter en cintura a las Instituciones Financieras, que disfrazadas de mansos corderos, pescan familias necesitadas de vivienda, resultando a la larga ser verdaderas aves de rapiña para engullirse los ahorros de toda su vida. Desde que les aprueban el crédito a, diez, quince, veinte o más años, de una vez quedan planilladas como deudores morosos del futuro y candidatos para ser reportados a las centrales de riesgo como vulgares delincuentes del sistema financiero.

El Artículo 51 de la Constitución Política, dice muy claramente que: “Todos los Colombianos, tienen derecho a una vivienda digna. El Estado fijará las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho” Me pregunto: ¿está el gobierno dando cumplimiento a este mandato Constitucional? Personalmente creo que no. Las familias sin techo, son abandonadas a su suerte, quedando a merced de, las constructoras, Bancos y Corporaciones, que manejan tan imperiosa necesidad a su acomodo.

Según el Artículo 42 de la misma Constitución, “La familia es el núcleo fundamental de la sociedad.” Pero, lamentablemente en las condiciones actuales en que se encuentran millones de ellas, no puede hacerse tan bella apreciación. Para serlo, se requiere que el Estado, contribuya para que obtengan vivienda en forma digna y sin tantas humillaciones. Logrando este primer objetivo, se les permitirá despegar en otras áreas de progreso: salud, educación, empleo, recreación y servicios básicos. Una familia con su vivienda en entredicho, es generadora de muchas incertidumbres y los resultados laborales y académicos de quienes la integran, entran a ser un verdadero desastre. El desmejoramiento de su estatus de vida en lo social y económico, se ve desmoronarse ante la indiferencia de la sociedad misma, del gobierno y de sus acreedores.

El Gobierno y la Sociedad Civil, con los medios de comunicación a la cabeza, deben librar una campaña sin cuartel con el fin de dar solución a tan grave problema social. Si se hace con resultados positivos, esta acción redundará en grandes beneficios de desarrollo, económico, social, laboral y empresarial para el País. Es que este razonamiento es apenas lógico: Si una familia se encuentra a punto de ser despojada de su vivienda, es un problema más que se genera dentro de la comunidad. Los coeficientes sociales de desarrollo se deterioran; lo más grave: el resentimiento en muchos casos es generador de violencia como ya lo hemos presenciado varias veces por los noticieros de televisión a la hora de practicar desalojos.

Quienes tenemos la oportunidad de expresarnos por los medios de comunicación, debemos hacerlo con sentido humanitario, pero, sobre todo de responsabilidad, defendiendo a nuestros compatriotas que padecen el viacrucis de perder su vivienda, por procesos judiciales injustificados, desalojos amañados, remates arreglados y toda clase de artimañas y leguleyadas propias de abogados inescrupulosos que ejercen el Derecho delincuencialmente y de funcionarios que aplican justicia  en forma laxa y criminal.

La Procuraduría, Fiscalía y Defensoría del Pueblo, como órganos de vigilancia y control, tienen una labor que cumplir, y es la de revisar todos los procesos: hipotecarios, de embargo, de remate, y de desalojos, que se encuentran en los diferentes juzgados del País, y meter a la cárcel a tantos delincuentes que por estar investidos de autoridad, abusan de ella, cometiendo toda clase de fechorías contra indefensas familias víctimas de las hordas del sistema constructor y financiero de vivienda.   

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