Los costos políticos del desgobierno de Bogotá

Gustavo Petro fue uno de los mejores senadores del país.

Independientemente de si se estaba de acuerdo con sus posiciones, siempre se destacó por la manera rigurosa como preparaba y sustentaba los proyectos de ley y de acto legislativo de los que fue autor, ponente o defensor y de la forma como argumentaba en contra de aquellos con los que estaba en desacuerdo. De otra parte, sus debates de control político, y en particular sus denuncias sobre los vínculos del paramilitarismo con sectores políticos, empresariales y de las fuerzas armadas del país, sirvieron de base para muchas de las investigaciones que hoy tienen en la cárcel o con investigaciones en curso a numerosas personas. Además, fue uno de los primeros congresistas en destapar algunos de los peores hechos de corrupción de los últimos años, entre los que se destaca el carrusel de la contratación de Bogotá. Esta fue precisamente una de las plataformas de su candidatura a la Alcaldía de Bogotá, no solamente por la gravedad de los hechos que puso en evidencia, sino porque el exalcalde Samuel Moreno y su hermano, el exsenador Iván Moreno, dos de los mayores presuntos responsables de los mismos, habían sido sus copartidarios del Polo.

A pesar de estas credenciales, durante el primer año de su mandato como alcalde mayor de Bogotá la gestión de Gustavo Petro ha sido muy criticada. Si bien se le reconocen avances importantes en varios frentes, como por ejemplo en materia de seguridad y de política social, ha tenido serios problemas de gobernabilidad. Varios de sus más cercanos colaboradores y aliados políticos de vieja data, por diferentes razones, muchas de ellas desconocidas para la opinión pública, han renunciado a sus cargos apenas unos pocos meses después de haber sido nombrados. Esto se ha traducido en una gran inestabilidad en su equipo de gobierno, que sumada a la falta de experiencia de muchos de sus miembros en la administración pública, ha llevado a toma de decisiones sin la debida preparación y planificación, y en ocasiones a “reversazos” que afectan la necesaria continuidad de las políticas y programas que requiere una ciudad como Bogotá. A esto se suman la gran dificultad del alcalde para comunicarse con sus conciudadanos, la poca información que se le entrega a la ciudadanía sobre su gestión y la de sus colaboradores y la opacidad en los procesos decisorios, además de un talante de continua confrontación, lo que impide que proyectos que en su esencia son relevantes e interesantes, reciban el respaldo de los sectores de la capital a quienes van dirigidos.

Los costos sociales y económicos de esta situación, además de incuestionables, son enormes y han profundizado la crisis que viene padeciendo Bogotá desde hace varios años. Pero quizás son aún mayores, aunque posiblemente menos evidentes, los costos políticos. Petro no solamente ha desperdiciado la oportunidad de demostrar su capacidad para gobernar a la principal ciudad del país, y así forjarse un capital político para sus presumibles aspiraciones presidenciales, sino que desvaneció para la izquierda democrática la posibilidad de convertirse en una fuerza de oposición con una opción real de poder, que es uno de los fundamentos de la democracia.