Por: César Rodríguez Garavito

Los impuestos en la república azucarera

Con razón se dice que si una idea es criticada por ambos extremos, algo bueno debe de tener. Lo que no pudo la paz, lo está logrando el impuesto a las bebidas azucaradas que se debate en el Congreso y unió a senadores como Iván Duque y Jorge Enrique Robledo, que se resisten con igual ahínco a la medida.

La peculiar coincidencia hace pensar que la discusión es sobre algo más profundo, algo que atraviesa el sistema político de lado a lado. Sólo así se explica el frente cerrado de los gremios contra la medida. Sólo así se entiende que medios y congresistas influyentes estén amplificando el mensaje de la industria y distorsionando la evidencia científica, como lo hizo en un video el senador Duque.

Si la controversia fuera solo sobre el impuesto, se podría zanjar con datos como los del Ministerio de Salud, o los que recojo en mi video de respuesta a Duque. Un balance reciente de la Universidad de California muestra que los todos los estudios independientes (es decir, los que no son financiados por la industria) revelan una asociación entre bebidas azucaradas, diabetes y obesidad. Y las máximas autoridades científicas, desde la Organización Mundial de la Salud hasta la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Johns Hopkins, respaldan el impuesto.

Pero el debate de fondo es si en Colombia se puede regular el azúcar o si, como en los tiempos del rey banano, hay un sector intocable. El desenlace dejará ver si la nuestra es una república azucarera. Es un nuevo round de la discusión que vimos hace un año, cuando los mismos congresistas y medios se abalanzaron contra el superintendente Pablo Robledo por continuar la investigación iniciada por su predecesor José Miguel de la Calle y multar ingenios que, según su investigación, inflaban los precios mediante un cartel.

Ahora como entonces, resulta muy difícil dar una discusión que proteja el interés público —el de la salud de los ciudadanos y el sistema de salud— porque los intereses privados alteran los tres elementos esenciales de un debate democrático y razonado: los datos, los medios y los órganos políticos que toman las decisiones. Como lo relató el New York Times, desde los años sesenta la industria ha pagado estudios para que ignoren la evidencia sobre los efectos nocivos del azúcar sobre la salud y desvíen la atención hacia otros factores, como las grasas o el sedentarismo. Y en países como Colombia, ha invertido en medios de comunicación, lobistas y campañas de políticos que propagan el mismo mensaje, como lo dijo el ministro Alejandro Gaviria en este diario.

En todo esto los productores de azúcar y bebidas azucaradas han seguido la estrategia de la industria tabacalera, que ocultó por décadas el vínculo entre cigarrillos y cáncer, como lo muestra la profesora Marion Nestle en su libro Soda Politics. Hoy los impuestos al cigarrillo son comunes alrededor del mundo porque reducen el consumo y ayudan a cubrir los costos de enfermedades causadas por el tabaquismo. El impuesto a las azucaradas va en la misma dirección. Ojalá no haga falta que pasen décadas y cientos de miles casos de diabetes, obesidad y muertes evitables para que el Congreso concluya lo mismo.

* Director de Dejusticia

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