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Nicolás Uribe Rueda 12 Abr 2013 - 9:25 pm

Los límites

Nicolás Uribe Rueda

Los delitos de lesa humanidad son los crímenes más atroces de los que se pueda tener conocimiento y su definición literalmente expresa una consideración sobre la dimensión de la ofensa, pues se entiende que no son sólo actos contra las víctimas que los padecen, sino contra la comunidad internacional en su conjunto y, por supuesto, contra la propia humanidad, que se resiente con su ocurrencia.

Por: Nicolás Uribe Rueda

El homicidio, el secuestro, el desplazamiento forzado, la tortura y la esclavitud sexual, entre otros, hacen parte de este compendio de delitos, que para ser tales deben ser cometidos de manera sistemática contra la población civil y como parte de la política de terror de la organización autora de los mismos. La Corte Penal Internacional, entre otras cosas, fue creada para no dejar impunes estos hechos, participando en la investigación y juzgamiento de los mismos cuando los países no pueden o no quieren avanzar en la búsqueda de la justicia.

Creo que pocos tienen dudas de la crueldad de las Farc y sus delitos, así como de su ocurrencia sistemática y reflexivamente organizada en contra de la población civil. El sólo reclutamiento de niños, para no mencionar otros delitos, es una práctica común en las guerrillas, que de acuerdo con varias fuentes oficiales y no gubernamentales consultadas puede estar entre los cinco y los diez mil niños, niñas y adolescentes. El propio Ban Ki-moon, en informe presentado públicamente el año pasado, sostiene que el reclutamiento de niños por grupos armados ilegales en Colombia sigue siendo generalizado y sistemático. El comunicado de prensa del informe textualmente señala que “las Farc han ido a las escuelas de varios departamentos del país, han secuestrado niñas y obligado a niños indígenas a unirse a su grupo. En un caso, utilizaron a un menor para trasportar armas y explosivos, y en varios más han torturado o asesinado a pequeños por resistirse al reclutamiento o tratar de escapar”. Sobre este mismo tema se ocupa la primera sentencia de la Corte Penal Internacional, en la cual Thomas L. Dyilo, jefe rebelde en el Congo, fue condenado a 14 años de prisión por el delito de reclutamiento de niños y su utilización en las hostilidades bélicas.

Algunos medios de comunicación han dicho que Iván Márquez tiene 198 órdenes de captura y 28 condenas; que Timochenko tiene 33 y una condena de 40 años de prisión. Y así, uno por uno. Entre todos los negociadores de las Farc deben poder sumarse más de 300 procesos en curso y quién sabe cuántos años de cárcel por toda clase de delitos.

Por todo lo anterior, aunque no sólo por ello, sorprende la declaración del fiscal general de la Nación en donde afirma que ningún guerrillero de las Farc tiene en su haber delitos de lesa humanidad y que por tanto no existe restricción alguna para su eventual participación política.

Quisiera creer que el fiscal ha hecho una descripción de la posible intervención de la CPI ante la incompetencia de nuestro sistema judicial en este caso y no una declaración para desconocer los límites éticos y jurídicos que tiene el Estado en la negociación con la guerrilla.

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