Los logros de Justicia y Paz

Desde el mismo trámite de la Ley de Justicia y Paz ante el Congreso en el año 2005 y durante toda la implementación de dicho procedimiento judicial han sido frecuentes las críticas que se han formulado en su contra.

En numerosos escenarios académicos, artículos y columnas de opinión se ha sostenido que es lento, engorroso, complicado, y que, por lo tanto, no garantiza los derechos fundamentales de las víctimas a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.

También es cierto que algunos de los desaciertos del proceso de Justicia y Paz se evidenciaron 5 años atrás cuando el procedimiento se puso en marcha y que sólo hasta la recientemente reforma aprobada por el Congreso fueron corregidos. Con lo cual, algún sector de la opinión pública se preguntaría ¿Por qué se dilató tanto la aclamada reforma a la ley de Justicia y Paz?

No me ocuparé de tal interrogante y si bien reconozco que en oportunidades anteriores he escrito columnas y formulado críticas en contra de Justicia y Paz, también creo que dicho procedimiento tiene aspectos positivos que merecen ser resaltados y de los cuales me ocuparé en la presente columna.

Entre otros, son cuatro los aspectos positivos. En primer lugar, significó un cambio en relación con las típicas medidas de indulto comunes en el escenario colombiano en relación con los miembros de grupos armados. De otra parte, Justicia y Paz ha sido escenario judicial de participación de las víctimas del conflicto armado sin antecedentes en Colombia. En tercer lugar, ha contribuido como ningún otro proceso judicial a la construcción de la verdad en relación con el actuar de las autodefensas en Colombia. Y, finalmente, las tareas de investigación desarrolladas por la Fiscalía General y su Cuerpo Técnico han comportado importantes resultados en materia de exhumaciones y entrega de cadaveres.

Justicia y Paz representó un cambio de paradigma en relación con las respuestas y tratamientos del Estado frente a quienes conformaban grupos organizados al margen de la ley. Después de la guerra de los mil días, durante el periodo de la violencia y las décadas de los ochenta y noventa, fueron comunes los indultos otorgados a los responsables de hechos susceptibles de ser calificados como graves violaciones a los derechos humanos. Dicho modelo, a simple vista, no garantiza los derechos de las víctimas.

Ante tal escenario y al margen de las críticas que se puedan formular en su contra, Justicia y Paz ha sido el primer experimento masivo de real y efectiva judicialización de los miembros de un grupo de tal naturaleza, particularmente de las autodefensas. Así las cosas, en los términos de la ley, lo cierto es que los postulados son sometidos a un proceso judicial en el que además de contar todo lo sucedido y realmente son condenados a penas privativas de la libertad.

De otra parte, es preciso resaltar que la historia colombiana no registra ningún experimento de participación masiva de víctimas dentro de un proceso judicial en el que se persiga la judicialización de los responsables de graves violaciones a derechos humanos. Precisamente en el proceso de Justicia y Paz y, particularmente, en el marco de las diligencias de versión libre, las víctimas han participado en audiencias en las que los otrora victimarios relatan lo sucedido, y han ejercido sus derechos procesales tales como interrogar y contrainterrogar. A la fecha, según reportes de la Fiscalía General de la Nación, 76688 víctimas han participado en las diligencias de versión libre, de las cuales 28790 han interrogado a los postulados.

Si bien la justicia en Colombia se ha caracterizado por su excesivo centralismo, lo cierto es que en Justicia y Paz se han desarrollado ingentes esfuerzos por “llevar las audiencias a las víctimas” y, por esta vía, posibilitar su participación real en el proceso. A día de hoy, tales audiencias se han transmitido en 829 municipios del país. ¡Si bien falta mucho camino por recorrer, Justicia y Paz ha representado un ejercicio pionero en Colombia en términos de participación de las víctimas del conflicto armado!

En tercer lugar, el proceso especial de Justicia y Paz ha contribuido como ninguno otro a garantizar el derecho a la verdad de las víctimas y de la sociedad colombiana.

Erróneamente tendemos a calificar los resultados de un proceso judicial por el número de sentencias que hubiesen proferido las autoridades judiciales, así como a considerar que las sentencias son los documentos finales que relatan el contexto y, por esta vía, son los únicos textos judiciales que contribuyen a garantizar el derecho a la verdad.

Sin embargo, lo cierto es que en Justicia y Paz, según los reportes de la Fiscalía General de la Nación, en los Tribunales de Medellín y Bogotá, además de las 14 sentencias proferidas, contamos con 48 legalizaciones de cargos respecto de 127 postulados pertenecientes a al menos 22 bloques de paramilitares.

A simple vista esos datos no brindan mayor información. No obstante, basta una lectura rápida y desprevenida de alguna de las legalizaciones mencionadas para evidenciar que en tales textos se documenta de manera amplía - y en algunos casos, profunda - el accionar de cada uno de los bloques, su evolución histórica, fuentes de financiación, estructura, patrones delictuales, entre otros factores; asimismo se tipifican las conductas cometidas conforme a los delitos previstos en el derecho nacional y, en la mayoría de casos, se describe detalladamente su condición de crimenes internacionales, particularmente de lesa humanidad y de guerra. Es decir, dichas legalizaciones de cargos describen de manera mas o menos completa el contexto de cada uno de los bloques paramilitares.

Es decir, en términos sencillos, dichas legalizaciones de cargos contienen toda la verdad e información con la que desde sede judicial se puede contribuir para esclarecer lo qué realmente sucedió con el fenómeno paramilitar. En últimas, además de la información de las legalizaciones, las sentencias contendrán la dosificación punitiva de las penas ordinarias y el beneficio de la pena alternativa: son las legalizaciones de cargos los documentos que realmente contribuyen a la verdad y al contexto histórico.

Finalmente, y en relación con la garantía del derecho a la verdad, es preciso reconocer el gran esfuerzo y los buenos resultados de Justicia y Paz en términos de exhumaciones. A 20 de septiembre de 2012, en el marco de las investigaciones adelantadas en este procedimientos, se han encontrado 3929 fosas comunes, en las cuales resposaban 4809 cuerpos, de los cuales se han entregado 1813 a sus familiares. Pues bien, los datos señalados respresentan importantes resultados en términos de investigación y de alivio a las víctimas, los cuales, pese a las criticas que se formulan, no pueden ser desconocidos.

Así las cosas, si bien existen muchos obstáculos por superar, lo cierto es que también existen muchos aciertos y logros del proceso de Justicia y Paz que merecen ser reconocidos.

En Twitter: @andreasforer