Los rateros de datos

Usted es el editor de un periódico local. Llega uno de sus reporteros tras haber obtenido (por medios legales) lo siguiente: —Archivos policiales sobre las detenciones por conducir en estado de ebriedad. —Detalles personales de todos los empleados de las clínicas locales que practican abortos. —La lista de suscriptores a una revista con fuertes alusiones racistas.

 —Los donadores de un organismo que promueve los derechos de gays, lesbianas, bisexuales y transgéneros. —Los nombres de los esposos acusados de infidelidad en las demandas de divorcio, junto con la identidad de la presunta amante. —Las direcciones donde hay perros pitbulls.

El reportero propone publicar los nombres y domicilios particulares, y mapearlos en un gráfico enorme, como parte de un artículo sobre “los (borrachos, abortistas, racistas, gays, infieles, perros peligrosos) en la casa de al lado”.

¿Cuál es el límite entre el servicio público y la invasión de la privacidad?

La decisión de mi editor hipotético está inspirada, claro, en un acontecimiento no hipotético: la decisión de The Journal News en White Plains, Nueva York, de mapear los nombres y direcciones de 33.614 personas que tienen permisos para tener pistolas en la zona, en un proyecto llamado “Mi vecino, dueño de una pistola”.

Regresaré a esa decisión, pero lo asombroso fue el volumen y el veneno de la reacción violenta de los lectores: miles de comentarios —y no sólo de los dueños de pistolas— indignados, algunos que sugerían que los periodistas de The Journal News merecían que les robaran la identidad, que desvalijaran sus casas, que se burlaran de sus hijos o, previsiblemente, que les dispararan.

Cuando se trata de la privacidad, todos somos hipócritas. Gritamos cuando un periódico publica registros públicos sobre comportamientos personales. Al mismo tiempo nos conformamos cuando hay una erosión mucho más arrasadora de nuestra privacidad —la vigilancia gubernamental, la extracción de datos corporativos, el enfoque selectivo en política, las invasiones de piratas informáticos— sin ninguna manifestación de protesta comparable. Como sociedad no tenemos una perspectiva coherente de qué información es la que vale la pena defender y cómo defenderla.

Cuando se invade nuestra privacidad en el nombre de la seguridad nacional, por lo general, lo aceptamos tranquilamente. Nuestra complacencia se refuerza con la cultura popular que abandonó las pesadillas de Orwell por una perspectiva benigna de la autoridad. En muchas de mis series de televisión favoritas la vigilancia es lo que hacen los buenos.

Mientras tanto, nuestro estado de vigilancia sigue haciéndose cada vez más entrometido, desafortunadamente, con poca supervisión o rendición de cuentas.

El mes pasado, Julia Angwin, de The Wall Street Journal, reveló que el fiscal general, Eric Holder, autorizó al Centro Nacional de Contraterrorismo para que copiara y examinara prácticamente cualquier información que el gobierno hubiese recopilado sobre los ciudadanos. En el pasado, la dependencia no podía guardar información sobre el estadounidense común a menos que fuera sospechoso o partícipe en alguna investigación. Bajo las nuevas órdenes, los registros de vuelos, las listas de estadounidenses que albergan a estudiantes extranjeros de intercambio, los expedientes financieros de personas que buscan hipotecas, expedientes médicos de pacientes en los hospitales —escoja una base de datos, y esta oscura dependencia tiene permiso de estudiarla, buscando patrones que pronostiquen ostensiblemente el comportamiento terrorista, así como para compartirlos con gobiernos extranjeros, ya sea que se sospeche o no que usted cometió algún delito—. La nueva normativa se sometió a un vigoroso debate oficial, todo a puerta cerrada.

El gobierno, claro, no es el único invasor —ni siquiera el más agresivo—. Se puede escoger la forma en la que Facebook y Google lo están monetizando a usted, entregándole su perfil personal y hábitos al navegar en internet a los anunciantes por una ganancia. Parte de esto parece inofensivo o, incluso, útil —¿por qué no debería recibir en mis aparatos móviles anuncios enviados de acuerdo con mis intereses?—. Sin embargo, una parte es totalmente espeluznante. Una de las tendencias más ofensivas es la determinación especial de la población objetivo de ese mercado irresistiblemente vulnerable que son nuestros niños.

Cuando se explota de esta forma nuestra información personal, podemos refunfuñar o podemos buscar el consuelo esencialmente falso de modificar la configuración de nuestra privacidad, pero nos sentimos indefensos ante la premura de la tecnología, difícil de explicar.

Se pensaría que el tipo de invasión que prácticamente todo el mundo deplora es la piratería. Sin embargo, hasta en eso somos ambivalentes. Cuando se atrapó a los tabloides de Rupert Murdoch saqueando el correo de las celebridades no hubo respuesta popular. Cuando resultó que habían pirateado el teléfono de una víctima de asesinato, de 13 años de edad, sacaron las horquetas y las antorchas.

O el caso Steubenville, Ohio, donde las autoridades acusaron a dos integrantes del equipo de fútbol americano de la repetida violación de una chica de 16 años, ebria hasta la inconsciencia, pero no levantaron cargos contra los que presuntamente los animaban a gritos y hacían videos. Así es que los activistas de Anonymous decidieron hacerse cargo de piratear las cuentas privadas, recuperar los videos incriminadores, y los hicieron públicos. Amanda Marcotte luchó con el dilema moral en Slate: “Al intervenir y hacer que la gente rindiera cuentas, Anonymous tuvo buenas probabilidades de actuar para detener las violaciones. Pero este tipo de justicia vigilante en internet potencialmente invade la privacidad de los habitantes de Steubenville o puede difamar a inocentes, y, aun si todo lo publicado es verdad, existen límites legales muy graves en la estrategia de Anonymous”.

Como periodista, es más frecuente que esté del lado de los invasores que de los invadidos. Aprecio la libertad para publicar. Sin embargo, la libertad para publicar incluye la libertad para no publicar cuando el costo sobrepasa al beneficio.

Lo que me trae de vuelta a The Journal News y su proyecto de armas. Comprendo el esfuerzo del periódico por dramatizar la posesión de armas en un momento en el que tristemente tenemos el tema en mente. Sin embargo, cuando se va a hacer que una población de tamaño considerable de ciudadanos respetuosos de la ley se sientan violados, hay que preguntarse: ¿cuál es la ganancia que lo compensa?

En este caso, creo, no es mucha. La información que proporcionó The Journal News está tan lejos de estar completa que puede ser desorientadora. Los registros públicos sólo identifican las pistolas legales. No dicen nada sobre el vecino que tiene un rifle o escopeta igualmente legales y letales, ni qué hablar de las armas ilegales. La publicación no impulsó un debate sano; sólo escaló a una pelea de gallos. Incluso, la protesta podría provocar que las legislaturas estatales retiren las bases de datos sobre armas de los registros públicos, y no estarán disponibles cuando pudieran realmente ser útiles. Esto estuvo cerca, pero habría encontrado una forma diferente de plantear el punto.

*Bill Keller ** Director de ‘The New York Times’ entre julio de 2003 y septiembre de 2011.