Por: José Fernando Isaza

Los ricos también lloran

Esa telenovela mexicana de los años 80 viene a la memoria leyendo el libro Greenprint, de A. Mattoo, un investigador del Banco Mundial, y de A. Subramanian, del Centro para el Desarrollo Global.

Proponen un nuevo enfoque de cooperación para enfrentar el cambio climático, reducir los compromisos de países desarrollados y mayor participación de los emergentes. Compromisos que sólo algunos países europeos y Japón cumplen.

Para sensibilizar al lector, señalan que los países ricos están mucho más endeudados que los emergentes como proporción del PIB. Un 35% en los países pobres y el 100% en los ricos. Para disminuir la responsabilidad de los países ricos en las emisiones de CO2, señalan que en 2006 la producción de CO2 en los países ricos fue superada por los países emergentes, pero se cuidan de decir que la población de los países desarrollados es sólo una sexta parte de la de los emergentes.

Los países del tercer mundo han señalado que la concentración de gases de invernadero en la atmósfera ha sido causada principalmente por los países desarrollados, que utilizaron la energía de los combustibles no renovables para su producción industrial y el transporte. Los autores minimizan esta realidad señalando que para el año 2030 la mitad de las emisiones acumuladas de CO2 en la atmósfera será causada por los países emergentes. Es bueno mencionar que la mayor parte provendrá de la India y China, que representan la cuarta parte de la población mundial.

Son ingeniosos al argumentar lo injusto que sería que los habitantes de los países ricos asuman los costos económicos que les corresponde por la concentración de CO2 en la atmósfera. A lo largo del libro señalan que “sólo el 8% de las emisiones de CO2 acumulado en la atmósfera han sido producidas por personas que están aún vivas” y no pueden asumir la responsabilidad total. Olvidan que el elevado nivel de ingreso de esas personas se debe en buena parte al acumulado de la producción y ahorro de las generaciones pasadas. Consideran como un derecho adquirido las mayores emisiones de CO2 por habitante de los países ricos, aduciendo la alta correlación entre el consumo de energías y el PIB. Ante la propuesta de algunos ecologistas, en el sentido de igualar los derechos de emisión por habitante, independientemente de si el país es rico o pobre, lo consideran superficialmente atractivo, pero ineficiente como forma de reducir la desigualdad. Bajo esta óptica, un país como Indonesia, que tiene la misma población que EE.UU. pero emite 17 veces menos de CO2, no debe buscar compensación por quienes acumularon riqueza con políticas que afectan la estabilidad térmica de la atmósfera.

Consideran que la producción de gas de esquisto en EE.UU. ayudará a cumplir las metas de emisión de CO2, pero no dicen que por unidad de volumen el metano que escapa a la atmósfera tiene entre 30 y 40 veces mayor efecto de invernadero que el CO2. La contaminación de las fuentes de agua y los mayores riesgos de movimientos telúricos causados por el proceso de producción, son ignorados.

Las modestas metas de emisión del Protocolo de Kioto enviaron una señal de precios a la emisión de CO2: el mercado de derechos de emisión se situó inicialmente entre US$30 y US$40/ tonelada, hoy se comercializa a US$5/tonelada, desestimulando la eficiencia energética y los proyectos que “capturan” CO2. Pierden los países pobres.

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