Por: María Teresa Ronderos

Los saboteadores

A medida que los investigadores de la Fiscalía desmadejan el hilo que tejió la cobarde conspiración en contra del exministro Fernando Londoño, van apareciendo con mayor claridad los peligros que acechan al proceso de negociación entre Gobierno y Farc que busca terminar el conflicto armado.

Según informó este diario, el ‘Parche de Zuley’, una banda con sede en Cali que perpetró el atentado, no actuó sola sino que, al parecer, fue contratada por un secuestrador de vieja data, hoy próspero narcotraficante en el sur del país, quien a su vez tiene otra organización criminal con el extraño nombre de ‘Persecución a ladrones de corbata’ (Pelacos). Son grupos como éste, sedimento de varias generaciones criadas entre la guerra y el crimen, destilación del resentimiento social, el discurso político vaciado de ética y el efecto corruptor del dinero, los que pueden poner a trastabillar la esperanza de paz.

Por eso ya no hay que pensar como antes, que si tal o cual atentado significa que las Farc están aprovechándose del aire que les da la negociación, como en el Caguán; o si quiere decir que las “fuerzas oscuras” de la ultraderecha quieren sabotear el proceso, como en tiempos de Betancur, cuando asesinaron a miles de militantes de la Unión Patriótica.

Hoy la descomposición criminal todo lo confunde y forja las alianzas más insólitas. Complots de políticos con guerrilleros envalentonados por dinero del narcotráfico que ya no obedecen a sus mandos, como lo confesaron en video hace un año largo dos jefes de la columna Teófilo Forero del Caquetá, cuando dijeron que habían asesinado a los Turbay Cote porque se los pidió un político competidor local. La justicia nos debe la verificación del espeluznante testimonio.

Maquinan juntos ideólogos rancios con unos uniformados narcos, arropados todos con la bandera de la seguridad nacional, para ver con cuál acto de terror le quitan piso a este esfuerzo de paz. Sobre todo, siendo éste más promisorio que los anteriores, porque su principal objetivo no es reescribir la Constitución, ni diseñar el Estado al gusto de las Farc, sino mirar entre todos cómo podemos terminar rápido este doloroso conflicto, y cómo, en el intento, conseguimos afianzar políticas públicas para hacer un campo más justo, legal e incluyente.

Advierten los entendidos que es grande el riesgo de que haya atentados en las próximas semanas, antes de que se sienten Gobierno y guerrilla a la mesa de la negociación en Oslo a inicios de octubre. Los narcos y sus aliados políticos, estén en las filas de guerrillas irredentas o de nostálgicos del paramilitarismo, quieren detener a Colombia en los tiempos oscuros porque eso sirve a su ambición, sin importar cuánta pena causen o cuántos niños sacrifiquen.

Esta amenaza le plantea al Estado dos desafíos: el más obvio, que la renovada inteligencia estatal evite a tiempo los atentados y se asegure de que no se cuelen en su casa las víboras que debe vigilar. Pero también que el Gobierno apriete clavijas en defensa para que la protección de la población civil sea la prioridad, porque cuando amaina el miedo, crece el respaldo por las salidas negociadas. En el proceso, las Farc también tienen su reto: reconocer eventualmente sobre qué parte de su tropa ya perdieron el control.

Todos vamos a ganar si esta negociación con las guerrillas sirve para garantizar que en Colombia se corten, de una vez por todas, los lazos entre violencia y política. Sin embargo, hay que estar preparados porque aquellos que no saben ejercer el poder de otra manera se van a resistir, y por eso el parto de una nueva política pacífica será con complicaciones.

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