Por: Salomón Kalmanovitz

Los tres años de Santos

Comparado con Uribe, Santos lo ha hecho bien.

Se han visto mejoras en el frente fiscal, se clausuró la feria de los contratistas a los que se les regalaban nuestros impuestos sin tener que entregar las obras, se frenó un poco el modelo minero y se mejoró en algo el mercado laboral.

Con cambios marginales en las tasas impositivas, el persistente déficit fiscal del gobierno central —inconcebible en una economía que atravesaba un largo auge de precios de sus recursos naturales— pasó de 4% del PIB entre 2002 y 2010 a 2,7% en 2013, o sea, una leve mejora, pero sin producir el ahorro público requerido para contrarrestar la revaluación del peso.

La reforma tributaria aprobada el año pasado no es precisamente progresiva pues los dueños de las empresas continúan sin tener que pagar tributos sobre sus dividendos. Se redujeron los impuestos de ganancia ocasional y también los muy bajos que recaían sobre las herencias. El recaudo tributario en 2013 va a ser sólo 14,8% del PIB. Por eso es difícil de creer que se redujo la desigualdad, como lo afirma impúdico Santos, pues esto sucede cuando se incrementa la tributación de los ricos que sirve para expandir el gasto social que favorece a los pobres.

La reestructuración de la contratación de la nueva Agencia Nacional de Infraestructura introdujo incentivos sensatos para que los contratistas pusieran plata para las obras, se les pagara por kilómetro construido y entregado a satisfacción, sin permitir las revisiones sin fin que acolitó Uribe y que fuera el sustento del enriquecimiento y los carruseles de la contratación de los Nule y compañía. No debe sorprender que no se concluyera ninguna de las dobles calzadas planeadas hasta 2010. No debe uno, sin embargo, precipitarse a hacer el balance positivo para Santos hasta que no vea obras entregadas y de buena calidad. La obra más requerida que tiene la economía del país, la autopista entre Buenaventura y Buga, todavía está en pañales y fue calificada hace poco como “una obra sin fin”.

La minería a gran escala en los páramos ha sido frenada y se ha atacado lo que el Gobierno entiende como ilegal, que a veces es más informal que otra cosa. El paro de los mineros no se hizo esperar. Se ha reanimado también la organización sindical, antes amedrentada por los asesinatos de sus dirigentes, entre otras por la presión norteamericana que condicionó la firma del TLC a mejorar condiciones de negociación laboral, lo cual se ha manifestado en dos huelgas contra Cerrejón y la Drummond.

La firma de muchos TLC se ha hecho sin proveer los bienes públicos que faciliten las exportaciones agropecuarios e industriales, como controles fitosanitarios, aplicación de los estándares técnicos internacionales a los bienes de la industria, bilingüismo, apoyo efectivo a los exportadores y nuevamente infraestructura que abarate el transporte hacia los puertos. La revaluación del peso hace que gastemos la renta minera en importaciones abaratadas, mientras que la producción de bienes transables se resiente. El Banco de la República informaba que el crecimiento del PIB de transables había tenido un crecimiento de cero en el trimestre I de 2013, explicado por una contracción del 3% de la producción industrial.

Mientras el ministro Mauricio Cárdenas proclamaba que había logrado una tasa de desempleo de un dígito, dejaba de informar que en las 13 ciudades del país el empleo formal era de sólo 600.000 personas y el informal de ¡4,9 millones!

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