Por: Aldo Civico

Luces y sombras del sometimiento a la justicia

La posibilidad de un sometimiento a la justicia por parte del Clan del Golfo, anunciada por el presidente Juan Manuel Santos, es una buena noticia: esto se está perfilando cada vez más como una política de Estado.

Al mismo tiempo, este anuncio en sí mismo no es suficiente. El vicepresidente, general (r) Óscar Naranjo, ha revelado el rol protagónico que tuvo al liderar el tema durante los diálogos de La Habana. “Desde que estábamos en La Habana, yo soy responsable de haber participado en esta discusión”, declaró el vicepresidente. Bienvenida sea esta aclaración.

Pero el general (r) Naranjo debería también explicar por qué el Gobierno Nacional está favoreciendo al Clan del Golfo, sin incluir a otras estructuras criminales. De hecho, no es cierto lo que el vicepresidente dijo en estos días cuando afirmó que el Gobierno “por ahora no ha recibido ninguna solicitud de ninguna otra organización criminal”. Efectivamente, el 12 de noviembre de 2016, representantes de la Oficina de Envigado escribieron una carta al presidente Santos pidiendo iniciar un proceso exploratorio. Además, el alcalde de Medellín y el gobernador de Antioquia les plantearon el tema al presidente Santos y al fiscal general.

Me pregunto: ¿Por qué el Gobierno Nacional desatendió el ofrecimiento de la Oficina del Envigado y atendió la del Clan del Golfo? Sobre la Oficina de Envigado hoy el vicepresidente dice: “No hay contactos con la llamada Oficina, y lo que esperamos es seguir arreciando las operaciones contra esta estructura en particular”. Entonces, ¿por qué el Clan del Golfo sí y la Oficina de Envigado no? Sería importante aclarar cuáles son las diferencias.

Esta aclaración se hace aún más necesaria si tenemos en cuenta que desde el pasado mes de julio está privado de la libertad el secretario de Seguridad de Medellín, Gustavo Villegas. A la luz de las recientes revelaciones del Gobierno Nacional, parece aún más kafkiano que Villegas esté todavía en la cárcel por haber trabajado de la mano con la Fiscalía en la entrega de varios cabecillas de la Oficina y de La Terraza.

Entonces hay que preguntarse: ¿Por qué (o por orden de quién) la directora seccional de la Fiscalía de Medellín, Claudia Carrasquilla, dio visto bueno para la captura de Villegas, cuando ella misma no solo estaba plenamente enterada de la labor de Villegas, sino que lideró en su oficina una reunión el pasado 16 de junio con el abogado de los jefes de la Odín de Caicedo, los representantes de la Personería, además con el hoy juez de la República Arnulfo Serna Giraldo, quien para esta época se desempeñaba como director de política criminal de la Secretaría de Seguridad, para estudiar la propuesta de entrega de 90 miembros de esta estructura?

¿Será que si se aclara la razón por la cual el Gobierno está aparentemente favoreciendo al Clan del Golfo y negando el mismo tratamiento a otras estructuras, se aclara también por qué Gustavo Villegas está detrás de las rejas? ¿Cuál es la verdadera culpa de Villegas? ¿Haberse adelantado al Gobierno Nacional que ya estaba tratando con el Clan del Golfo? De no aclarar estas preguntas, queda en duda la buena fe del Gobierno Nacional.

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