Por: Oscar Alarcón

Macrolingotes

Una de las personas más conocedoras del diferendo limítrofe de Colombia y Nicaragua fue el presidente Alfonso López Michelsen y fue él quien siempre sostuvo que nuestro país no debió jamás responder a la demanda ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, porque el organismo no tenía competencia.

Esa tesis la ratificó un año antes de su fallecimiento, el 7 julio de 2006, en una conferencia en el Gimnasio Moderno, dentro de los actos conmemorativos del centenario del nacimiento del presidente Alberto Lleras.

Según el presidente López, después del Bogotazo del 9 de abril de 1948, los cancilleres latinoamericanos reunidos aquí reanudaron sus sesiones el 30 de ese mismo mes y acordaron la creación de la Organización de Estados Americanos. En ese evento, que se llamó el Pacto de Bogotá, se determinó también la jurisdicción de la Corte Internacional de la Justicia de La Haya para dirimir conflictos de estados por la vía pacífica, al mismo tiempo que en el artículo VI se establecieron las excepciones: “Tampoco podrán aplicarse dichos procedimientos a los asuntos ya resueltos por arreglo de las partes, o por laudo arbitral, o por sentencia de un tribunal internacional o que se hallen regidos por acuerdos o tratados en vigencia en la fecha de celebración del presente Pacto”.

Como Colombia y Nicaragua ya habían resuelto sus problemas limítrofes con el Tratado Esguerra-Bárcenas de 1928, la Corte carecía de competencia para conocer nuevamente del conflicto. Pero lo más paradójico del episodio, recordó en ese momento el presidente López, fue que quien propuso a sus colegas cancilleres denominar Pacto de Bogotá a ese certamen, como un homenaje a la ciudad capital por haber sido víctima de los sucesos del 9 de abril, fue el delegado de Nicaragua, Guillermo Sevilla Sacasa.

Hoy al canciller Sevilla Sacasa su propuesta le habría caído como un baldado de agua fría, con todo y plataforma continental.
 

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