Por: Yesid Reyes Alvarado

La majestad de la Corte Suprema

La Corte Suprema de Justicia cumple un doble papel: de una parte, sus decisiones deben ser directrices sobre la forma en que los jueces habrán de interpretar las normas; de otro lado, le debe transmitir a la sociedad una sensación de tranquilidad producto de la sobriedad y ponderación con que actúa.

El primero es un tema legal que se concreta en la elaboración de providencias con una argumentación lo suficientemente clara como para hacerlas comprensibles tanto a los directamente interesados como a la comunidad. Por supuesto que las opiniones emitidas pueden cambiar porque el derecho es tornadizo por naturaleza y desde luego que cualquier pronunciamiento de esa corporación es susceptible de controversia. Lo importante es que lo que genere polémica sea la suficiencia de la fundamentación jurídica y no los móviles por los que la decisión se toma, porque entonces lo que estaría en juego sería su legitimidad.

Lo ideal es que las determinaciones de la Corte se expliquen por sí mismas; pero puede ocurrir que en algunos casos la precariedad del razonamiento o la complejidad del asunto generen inquietudes que ameriten una explicación adicional de los magistrados. Es humanamente comprensible que las personas se incomoden cuando su trabajo es objeto de cuestionamientos, quizás con mayor razón si ocupan destacados cargos públicos. Pero cuando por la pertenencia a la cúspide del poder judicial se encarna la majestad de la justicia, se debe tener la capacidad de sobreponerse a ese sentimiento, y el aplomo suficiente para suministrar las aclaraciones que hagan falta. No es un problema de formación profesional, es un asunto de talante, como insinuaba el maestro Osuna en su reciente columna.

En el momento en que se pierde la compostura propia de un juez, se corre el riesgo de que la opinión pública se distraiga con la carga emocional del mensaje y termine dudando no ya de la solidez del discurso jurídico sino de los motivos que le sirvieron de guía; si esto llega a ocurrir, la validez conceptual de la decisión pasa a un segundo lugar dando pie a un debate sobre la legitimidad de la misma, que impacta negativamente la imagen de la administración de justicia.

La circunstancia de que los editorialistas de tres reconocidos diarios de circulación nacional, una decena de columnistas y más de doscientos periodistas manifiesten públicamente que los interrogantes planteados por María Jimena Duzán y Cecilia Orozco son válidos, indica que hubo un problema de comunicación que requiere una ponderada reflexión y una serena explicación; pero no de parte de quienes formulan los interrogantes, sino de la Corte. Ni la brusca amenaza de una acción penal en su contra, ni la tangencial aclaración que en un posterior comunicado aparece mezclada con el anuncio de no querellarse, parecen haber generado la tranquilidad que deberían transmitir las determinaciones de esa corporación.

El daño a su imagen está hecho; sólo podrá ser reparado si se retorna a la antigua senda de acompañar el sólido trabajo jurídico que tantas satisfacciones le ha brindado al país con la serenidad en los pronunciamientos públicos que eventualmente deban hacerse.

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