Por: Elisabeth Ungar Bleier

Lo que mal comienza, mal termina

La reelección del procurador general de la Nación, no por anunciada y predecible deja de generar muchas inquietudes sobre sus protagonistas y el resultado.

 En cada una de sus etapas, el proceso tuvo diversos cuestionamientos. Algunos, por los supuestos conflictos de intereses e impedimentos de uno de los aspirantes, así como de sus nominadores y de sus electores. Otros, por la poca transparencia, la ausencia de garantías y la falta de equidad para los candidatos. Y otros más, por la nula posibilidad para que la ciudadanía, expertos, académicos, los medios de comunicación y los propios senadores pudieran conocer con suficiente antelación las hojas de vida de los postulados y sus propuestas, y expresar sus opiniones o enviar a las instancias pertinentes información relevante sobre ellos.

Esta tragicomedia comenzó con una larga campaña del actual procurador, iniciada varios meses antes de ser oficialmente nominado por la Corte Suprema de Justicia, lo que le permitió ir abonando el terreno sin mayores obstáculos. Recordemos que la mayoría de los partidos anunció su voto a favor del jefe del Ministerio Público cuando él fungía como candidato único. Posteriormente, el Consejo de Estado presentó el nombre de un ilustre jurista, quien a pesar de sus méritos nunca tuvo la más mínima posibilidad de ser elegido. Y luego, tras largos meses de inexplicable silencio, el Gobierno nominó a una magistrada con suficientes credenciales para ocupar el cargo, pero a la que no le “apostó” con fuerza, y quien entró en desigualdad de condiciones a una contienda cuyo resultado estaba cantado. ¿Será que desde el comienzo el presidente sabía que nuevamente sería derrotado en el Congreso y por eso dejó sola a su candidata?

En el proceso de elección aparentemente no se violaron las normas, pero hubo hechos cuestionables. Por ejemplo, la audiencia pública y televisada con los candidatos, que debe servir para que éstos presenten sus hojas de vida y expongan ante el país y sus electores sus propuestas, se realizó apenas unos minutos antes de la elección, sin que los senadores, los candidatos, y mucho menos la ciudadanía, tuvieran la posibilidad de preguntar y contra preguntar. El debate público fue reemplazado por encuentros privados y reuniones sociales.

Además, a un día de la elección, el Senado no había publicado las hojas de vida de los aspirantes, lo cual por lo demás tampoco hizo en su momento la Presidencia de la República, pero sí el Consejo de Estado. Si bien se podía aplazar la elección para darles más tiempo a los aspirantes para dar a conocer sus propuestas, ésta opción no fue discutida. Y finalmente, de nuevo el carrusel de los impedimentos se reactivó y el espíritu de cuerpo primó.

Una vez más se cumplió el dicho de que lo que no está prohibido, está permitido. Y se evidenciaron las falencias del diseño institucional previsto para la selección de altos cargos de la justicia y de los órganos de control. Como dijo el procurador en un programa radial: “Qué vamos a hacer: modifiquen la ley y la Constitución”.

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