Por: Andrés Hoyos

La maldición verde

La maldición de los recursos naturales viene en colores, o por lo menos a los colombianos nos ha tocado padecerla en verde esmeralda desde los tiempos de la Colonia.

Ahora que Víctor Carranza ha entrado, según dicen, en la fase terminal de un cáncer de próstata, quizá convenga recordar la trayectoria de este peligroso parroquiano. Carranza es uno de los pocos socios del cartel de Medellín que sigue vivo, por fuera de la cárcel y, aunque parezca increíble, sin cuentas pendientes con la justicia. De otro lado, se dice que junto con los Ochoa, también exsocios de Escobar, es el mayor terrateniente del país. Lo han conectado muchas veces con grupos paramilitares y con políticos corruptos, pertenecientes sobre todo al Partido Conservador. Ha sobrevivido a numerosos atentados, algunos efectuados con rockets y granadas y, por si fuera poco, se da el lujo de tener de defensor de oficio a monseñor Luis Felipe Sánchez, el obispo de Chiquinquirá.

Pese a su accidentada historia y a su incalculable riqueza, Carranza es apenas un accidente. Lo precedió en el negocio Gilberto Molina, asesinado en 1989 por Rodríguez Gacha, y otros vendrán a sustituirlo. Carranza en últimas es el síntoma y no la enfermedad, la cual consiste en la demostrada incapacidad del débil y pobre Estado colombiano para controlar un recurso natural sencillo y localizado como son las esmeraldas.

Estas codiciadas piedras parecen una ensangrentada bola de ping-pong que salta por entre las diversas entidades del Estado colombiano sin detenerse en ninguna. Es poco lo que no se ha intentado a la hora de explotarlas: compañías extranjeras tomaron las minas en arriendo, el Banco de la República las administró durante veinte años, se entregaron a empresas oficiales especializadas como Ecominas y todos salieron con el rabo entre las piernas. En 1973 incluso se hizo una licitación diseñada expresamente para que se la ganaran los bandidos.

Y se la ganaron, pero no bastó con repartirles el botín. Por el camino se desataron tres guerras esmeralderas, que dejaron 3.500 muertos. Al sumarse el narcotráfico, la guerrilla y los paramilitares al baile, el problema empeoró. Y así se llegó a la Ley 756 de 2002, que cobra de regalías el 1,5% del valor a boca de mina, precio que fija el “empresario”. Con esta ley, el Estado colombiano simplemente claudicó ante los esmeralderos. El mensaje implícito era más o menos el siguiente: mientras ustedes no salgan en la crónica roja y mantengan a la guerrilla lejos de su territorio, quédense con el negocio. Me dan alguna chichigua como por aparentar. Dicho y hecho, a estas alturas el ingreso por regalías de esmeraldas en Colombia es de dos millones de dólares al año. Para colmo, las esmeraldas no son explotadas en forma eficiente, pues hay varias minas intactas. ¿Existen acaso grandes empresas joyeras en Colombia? No, el país exporta piedras desnudas sin valor agregado. Y si se descuenta a los esmeralderos mayores, la gente del occidente de Boyacá es extremadamente pobre y dice, cuando se le pregunta, que lo peor que les ha pasado en la vida han sido las minas de esmeraldas.

Todo lo anterior tiene una clara moraleja: que juega con fuego un país cuando cifra su desarrollo en la explotación de los recursos naturales y que Colombia corre el peligro de ser arrollada por su locomotora minera. ¿No podremos cambiarla por otra cosa?

 

 

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