Por: Daniel Pacheco

Marihuana: solución a la mano

El silencio otorga. En más de 90 páginas de la nueva estrategia “del siglo XXI” de la Casa Blanca contra las drogas, no hay ni una mención a la legalización de la marihuana que aprobaron los estados de Colorado y Washington el pasado noviembre. El documento insiste en la erradicación total de cultivos dentro de su país, pero no ofrece ni una iniciativa que haga pensar que el Gobierno emprenderá acciones legales o de hecho contra los millones de violadores de la ley nacional.

Hace algunas semanas, preguntado acerca de esta disparidad entre la ley federal que penaliza la marihuana y la ley local de estos dos estados, que la legaliza, Obama dijo que “tenía peces más grandes que freír”.

Aunque sucede poco, la DEA todavía hace batidas en algunos dispensarios de los 17 estados donde se cultiva marihuana para usos médicos. Esto no impide que haya ventas anuales de aproximadamente US$1.300 millones de marihuana legal, en al menos 2.000 establecimientos, según los datos de la revista especializada de esta industria Medical Marihuana Business Daily.

A diferencia del resto de países del mundo, EE.UU. es el único que además de gastar dinero para luchar contra las drogas ilícitas, recauda simultáneamente millones de dólares en impuestos de la industria interna que produce y vende marihuana.

El silencio del gobierno federal de EE.UU. derriba el argumento del presidente Santos de que cualquier alternativa a la lucha contra las drogas debe ser concertada. Esto no es cierto sobre la marihuana. Uruguay ha entendido el mensaje, y avanza decididamente hacia la legalización regulada del cannabis. Colombia debería hacer lo mismo.

El problema de las drogas ilícitas, el negocio transnacional para exportarlas de un país a otro, es complejo y no tiene soluciones instantáneas. Pero ese no es el problema de la marihuana, por dos razones principales. Primero, porque la yerba es una sustancia mucho menos dañina que el resto de las drogas legales e ilegales, según la mayoría de mediciones basadas en evidencia, como la de David Nutt en Inglaterra. Asumir los costos del incremento de su consumo no aparece como un reto desestabilizador para la sociedad, más allá de herir a algunas conciencias moralistas. Segundo, porque Colombia no exporta marihuana, una planta que no genera el margen de ganancias suficiente como para interesar a las organizaciones transnacionales.

Su legalización regulada, por otro lado, ofrecería varias ventajas. Sacaría del ojo de la Policía y de los fiscales a la mayoría de los usuarios de drogas ilegales (es la sustancia ilegal más consumida en el país), obligando a la ley a enfocarse en los verdaderos criminales. Y acabaría con el negocio interno ilegal del cultivo (en algunas regiones controlado por las Farc) y de la venta (en las hoy famosas “ollas”).

El próximo 4 de mayo miles de personas saldrán a fumar yerba en las calles colombianas. Aspiran a mostrarse para tumbar el tabú alrededor de la marihuana. La invitación es a mirarlos.

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